El fiscal jefe Pablo Vignaroli va a presentar una impugnación extraordinaria para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resuelva una parte de los embargos que, en el marco de la investigación por estafas con planes sociales, dejó sin efecto un tribunal de impugnación durante una audiencia realizada este viernes.

La fiscalía de Delitos Económicos solicitó que se dicten embargos e inhibiciones para proteger una serie de activos que, en poder de los y las imputadas en la causa, servirían para lograr un eventual resarcimiento a las cuentas públicas. Esa serie de activos alcanzaba un total de $153.377.900, aunque resta analizar información para precisar el monto.

Este viernes, durante la audiencia, el tribunal de impugnación conformado por los jueces Andrés Repetto y Nazareno Eulogio, junto a la jueza Patricia Lupica Cristo, hizo lugar a un planteo de un abogado defensor y dejó sin efecto esa medida respecto de dos autos y de una casa. 

La medida sólo conforma una fracción del capital comprendido por las medidas cautelares dictadas en el marco de la causa: 30 inhibiciones generales y 6 sobre propiedades inmuebles: una chacra y 5 casas; también los embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente.

Es por esto que el fiscal Vignaroli anticipó que en los próximos días presentará, junto al equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del máximo tribunal de la provincia. “No se puede, en estos casos de corrupción, mirar para otro lado y dejar que no se asegure al Estado la posibilidad de hacerse de bienes de los imputados para resarcir el daño”, afirmó.