La Conadi fue creada en 1992 con el objetivo de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la identidad. Este organismo ha trabajado estrechamente con las Abuelas de Plaza de Mayo para localizar a los hijos de desaparecidos, un trabajo que ha permitido la restitución de la identidad de muchos de ellos.

La derogación de este decreto significa que la Conadi ya no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado, herramientas fundamentales para continuar con la búsqueda de los niños apropiados durante el terrorismo de Estado. La decisión ha sido ampliamente criticada, ya que se percibe como un retroceso en la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica.

Claudia Carlotto, directora de la Conadi desde 2004, podría ser desplazada de su cargo como parte de esta reestructuración. Carlotto ha sido una figura central en la labor de la Conadi, y su continuidad está siendo cuestionada por el actual gobierno, que ha mostrado una postura crítica hacia las políticas de derechos humanos implementadas en años anteriores.

El decreto ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que ven en esta medida un intento de minimizar y desmantelar las políticas que han buscado verdad y justicia para las víctimas de la dictadura. La Conadi, que ha sido responsable del 90% de los casos testeados en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), podría ver su capacidad de acción severamente limitada.

El gobierno de La Libertad Avanza, liderado por Milei, ha justificado estas acciones argumentando que la responsabilidad de las investigaciones debe recaer únicamente en el poder judicial y no en el poder ejecutivo. Sin embargo, este argumento ha sido criticado por omitir el importante papel que han jugado organismos como la Conadi en la búsqueda de la verdad.