La propuesta establece que durante las huelgas, las escuelas deberán mantener un 30% de su planta de personal en funcionamiento, incrementándose al 50% si el paro se extiende por más de dos días. Esta medida, respaldada por una mayoría en la comisión, apunta a garantizar que las instituciones educativas permanezcan abiertas incluso en situaciones de conflicto laboral.

Martín subrayó que el proyecto busca «armonizar el derecho a la protesta con el derecho fundamental a la educación», asegurando que no se pretende restringir el derecho a huelga, sino garantizar que las escuelas sigan operando. Además, el legislador señaló que esta iniciativa se alinea con las normativas internacionales, mencionando ejemplos en países como Francia, España y Alemania, donde la educación es considerada un servicio esencial.

El proyecto podría ser tratado en el recinto esta semana, y Martín se mostró optimista sobre su aprobación, destacando el apoyo transversal que ha recibido de distintos bloques políticos. En caso de ser aprobado, esta ley otorgaría al gobierno una herramienta clave para garantizar el acceso a la educación en toda la provincia, incluso durante medidas de fuerza.

La iniciativa ha generado un intenso debate en la provincia, con sectores gremiales expresando su preocupación por la posible limitación del derecho a la protesta. Sin embargo, Martín insistió en que se trata de un equilibrio necesario para proteger el derecho de los estudiantes a recibir educación, a pesar de los conflictos laborales.