El plazo de investigación de la causa de las estafas a los planes sociales de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén llegará a su fin a fines de septiembre. Ahora, la nueva estrategia judicial es la de sobreseer a cuatro imputados para que pasen a ser testigos y así conseguir información vinculante contra los funcionarios públicos.
La cifra estimativa de la defraudación al estado provincial es de 153 millones de pesos. Creen que durante años estafaron a la provincia. Una de la estrategias que se conoció por parte de la fiscalía y que podría complicar la situación de altos funcionarios públicos, quienes fueron sindicados como los principales sospechosos de conformar una asociación ilícita, es la de dejar fuera de la causa a exempleados de Desarrollo Social para que brinden información clave y así complicar a los funcionarios. Uno de ellos el ex Ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Las transacciones las hacían a través del Banco Provincia de Neuquén (BPN) con tarjetas de débito y cheques, que depositaban en cajas de ahorros de dicha entidad bancaria. En total habrían sido más de 3.000 transacciones para retirar el dinero. A sólo 20 días de finalizar la etapa de investigación, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y Juan Narváez estaría ya en condiciones de elevar la causa a jucio. Se espera que antes de fin de año, los funcionarios enfrenten las graves acusaciones en su contra.
Los acusados son: Pablo Sanz, de fiscalización, Tomás Siengentharler, ex coordinador de Administración de Desarrollo Social, el ex director de los planes sociales, Ricardo Soiza, a quien se le negó la prisión domiciliaria por lo que continúa tras las rejas y Marcos Osuna, a cargo de la dirección de Gestión de Programas. Sobre ellos pesa la dura acusación de haber crear una asociación ilícita para enriquecerse con los planes sociales.
Son 26 los imputados en la causa y antes de que finalice el plazo de investigación, la Fiscalía podría solicitar que cuatro ex empleados sean sobreseído. Una estrategia clave para que a la hora de declarar quienes están sospechados de ser parte de la organización sean condenados. La información que tendrían ayudaría a probar cómo realizaban los pagos, quién retiraban el dinero y todo lo referido a la interna de la estafa. También trascendió que los fiscales podría llegar a un acuerdo con otras personas involucradas para tener una teoría más sólida cuando lleven al banquillo a quienes eran la cabeza de la organización.
Por un lado están las personas directamente relacionadas y que intervenían activamente, -llevando cheque, retirando dinero- y quienes daban las órdenes. el mayor interés está puesto en los jefes de la banda y que justamente sería los funcionarios del gobierno anterior. Las penas de los imputados estarían dentro de un mínimo de 5 años de prisión para los que ocupaban roles claves dentro de la organización.
Están por cumplirse dos años del inicio de la causa. Fue un 29 de septiembre de 2022 cuando se realizó la audiencia de formulación de cargos por los delitos de asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena y fraude a la administración pública. Entre los imputados están los funcionarios públicos, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo.
