Se trata de Juan López, quien también era concejal de su pueblo por el mismo partido que representa a la actual presidenta del país, Xiomara Castro.

El defensor del medioambiente en Honduras Juan López fue asesinado por desconocidos en la localidad de Tocoa y el hecho desató fuertes reacciones internas. Según la prensa europea, esto puso en evidencia la peligrosidad que sufren los ambientalistas en América Latina, considerada la región más peligrosa para el activismo medioambiental.

López, quien también era concejal de su pueblo por el mismo partido que representa a la actual presidenta del país, Xiomara Castro, fue tiroteado en un concurrido barrio de Tocoa mientras estaba en su automóvil y murió poco después a causa de las heridas de bala.   La Policía no pudo detener a los agresores ni tiene una pista sobre qué motivó el crimen, informó el sitio France 24.

López había recibido desde hacía años amenazas de muerte debido a su labor como activista medioambiental y su oposición a una mina a cielo abierto de hierro cerca a su pueblo. Su lucha impidió a las mineras progresar durante meses en su intención de explotar el subsuelo, algo que provoca un daño medioambiental y ecológico irreparable, pero le costó vivir con un miedo permanente a ser atacado.

López, de 46 años, estaba casado y tenía una hija y desde finales de 2023, medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pretendían salvaguardar su vida.

Honduras figura como el tercer país más letal del mundo para los ambientalistas y el que más asesinatos per cápita registra. Según la ONG Global Witness, Honduras, con 18 asesinatos, solo fue superada por Brasil, con 25, y Colombia, con 79.

Juan López era miembro del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), formación que actualmente está en el Gobierno de la mano de Xiomara Castro y que es liderada por el derrocado mandatario Manuel Zelaya. Ese partido cuenta en sus programas con políticas que, a priori, apuestan por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

Sin embargo, varias organizaciones ambientalistas, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), responsabilizaron al Gobierno por su inacción tras meses de amenazas y por la incapacidad de proteger a personas tan involucradas con la defensa de la tierra como López. “Exigimos justicia para Juan”, quien fue asesinado por “su labor en defensa del río Guapinol en contra de la Minera Los Pinares Ecotek de Lenir Pérez y sus mafias locales”, enfatizó el Copinh, cuya cofundadora en 1993 fue la ambientalista Berta Cáceres, también asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, occidente de Honduras.

Desde su partido, la reacción de Zelaya y Castro fue una condena enérgica y la exigencia de investigación en torno al caso.

A través de X, el expresidente y líder del partido reaccionó así: “Condenamos enérgicamente el asesinato del dirigente político y ambientalista Juan López en Tocoa, Colón. El Partido Libre debe cooperar con las autoridades y todos sus miembros y de manera inmediata para identificar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Nada debe ser más importante ahora que hacer justicia para Juan López y su familia, con quienes nos solidarizamos profundamente”.

Las críticas aumentaron porque el crimen de López se produjo solo dos días después de que exigiera la renuncia del alcalde de su localidad, Adán Fúnez, por “sus vinculaciones con el narcotráfico” según señalo el mismo Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Fúnez, de 74 años, aparece en un video divulgado el 3 de septiembre por la ONG estadounidense InSight Crime, que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras y hermano del exmandatario Manuel Zelaya, en una reunión con narcotraficantes negociando un soborno para el partido Libre. El video fue grabado, presuntamente, en el año 2013, siguió el informe del sitio francés.

También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) exigieron al Estado hondureño una investigación rápida e imparcial.