Una misión de la ONU detalló sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, con un enfoque especial en la crisis posterior a los comicios del 28 de julio pasado.

En su reporte, la misión de investigación sobre el país caribeño, encargada por el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU, denuncia violaciones de derechos como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas que responden al régimen chavista.

“En su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Durante el periodo que cubre este informe, y especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó los mecanismos más duros y violentos de su aparato de represión”, agregan en el informe, que abarca hasta el 31 de agosto.

Dichas conclusiones se hacen eco de las preocupaciones expresadas por el secretario general de la ONU, António Guterres; el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken; Human Rights Watch y otros acerca del país y su democracia.

Marta Valiñas, jefa del equipo de expertos independientes, reveló que entre el 29 de julio y el 6 de agosto, las autoridades venezolanas reconocieron la detención de más de 2.200 personas, según detalló el sitio Newsweek Argentina.

«Entre ellos, hemos confirmado el arresto de al menos 158 menores, algunos de ellos con discapacidad», precisó Valiñas en una conferencia de prensa este martes en Ginebra, añadiendo que algunos han sido acusados de delitos graves como terrorismo.

Los puntos más destacados del informe de la ONU:

*Las elecciones del 28 de julio de 2024 fueron cuestionadas por su integridad, y las protestas posteriores fueron brutalmente reprimidas.

*Las protestas postelectorales dejaron un saldo de 25 muertos y cientos de heridos y detenidos, marcando una de las crisis más graves de derechos humanos en la historia reciente de Venezuela.

*Se intensificaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género.

* Desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024, 60 personas fueron condenadas a penas entre 16 y 30 años de prisión, relacionadas con operaciones de supuesta conspiración.

*Las cifras de personas detenidas en el periodo postelectoral variaron según las fuentes. Maduro se refirió a una cifra de 2.229 personas detenidas, a las que calificó de “terroristas”. El Foro Penal contabilizó 1.619 detenciones hasta el 31 de agost

*La Misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. Algunos tienen discapacidades. Se recibió información sobre niñas que fueron sometidas a vejaciones sexuales durante su presidio.

*Durante el período anterior a las elecciones, la misión investigó 29 casos de desapariciones forzadas. Algunos casos mostraron la tendencia de las autoridades a ocultar información sobre el paradero de los detenidos, generando angustia entre sus familiares y limitando los recursos legales.

*”Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día”.

*Las condiciones de detención en cárceles como «El Rodeo I» se caracterizan por aislamiento prolongado, condiciones insalubres, falta de acceso a alimentos y agua adecuados, y restricciones arbitrarias a las visitas.

*Se intensificaron los actos de hostigamiento y persecución judicial contra periodistas, organizaciones no gubernamentales y actores clave de la sociedad civil.

*La misión concluyó que algunas de las violaciones investigadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluidos encarcelamiento arbitrario, tortura, violencia sexual y actos inhumanos que forman parte de una política estatal para silenciar a la oposición.