La reciente decisión de permitir que un adolescente condenado asista a clases presenciales generó rechazo por parte de sus compañeros y por los padres de los menores, pero, a su vez, abrió un gran debate: cómo incorporar a menores de edad que atravesaron un proceso penal al sistema educativo. Tras intensas reuniones entre padres y autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) surgió un proyecto para que los adolescentes pudieran compartir sus clases.

El grupo de padres elaboró un proyecto para una educación compartida y acompañada, sugiriendo que los estudiantes bajo régimen de libertad asistida participen en clases virtuales con apoyo de un adulto. “Es vital que no estén solos durante esta interacción y que cuenten con la asistencia adecuada”, propuso Sol Dewey, una de la madre de los alumnos que protestaron en la Escuela de Enfermería, destacando la importancia de crear un entorno seguro y responsable.

La comunidad educativa, mientras tanto, busca entender cómo aplicar la Ley 23.02 de manera efectiva, asegurando que todos los estudiantes, incluidos aquellos en situaciones judiciales, reciban la educación que merecen. “La ley es valiosa, pero su aplicación necesita un enfoque práctico y realista”, concluyó Dewey.

Esta situación ha puesto de relieve la necesidad de una mayor comunicación entre las autoridades educativas, los padres y la comunidad en general. “Los secretos nunca son buenos en estos casos; necesitamos transparencia para poder trabajar juntos”, reflexionó la madre.

El desafío ahora es encontrar un equilibrio entre la reinserción del joven condenado y la seguridad emocional de todos los estudiantes. La comunidad educativa espera que se puedan implementar soluciones efectivas y justas que beneficien a todos los involucrados.

En reuniones con las autoridades educativas, los padres expresaron sus inquietudes, logrando que la supervisora del área educativa se involucrara en la situación. “A partir del miércoles pasado comenzamos negociaciones con los directivos y, tras conversaciones extensas, se decidió que las clases continuarían de manera virtual para el joven”, explicó Dewey.

Este acuerdo fue bien recibido, aunque no sin generar dudas sobre el futuro de la educación en este contexto. Ha generado un intenso malestar en la comunidad educativa de una escuela local. Esta situación ha desatado protestas entre alumnos y padres, quienes demandan un enfoque más claro y seguro para la educación de jóvenes judicializados.

Los padres propusieron que el joven continuara su educación de manera virtual hasta el final del año escolar, con el objetivo de evitar nuevos conflictos. “Queremos que termine el año sin perder más días de clases”, enfatizó la mujer, subrayando la necesidad de un enfoque más cuidadoso y planificado. El menor venía teniendo clases de modo virtual y se había solicitado que comenzara con la presencialidad con la intención de que pudiera comenzar con su reinserción social.

Protesta 

La semana pasada, un grupo de estudiantes realizó una sentada en protesta, resaltando su preocupación por la inclusión del condenado en el aula. “Los alumnos se sienten amenazados y damnificados”, afirmó Sol Dewey, una madre que ha estado en la primera línea de esta situación. La protesta se llevó a cabo en un contexto de incertidumbre donde los alumnos y padres pedían respuestas sobre cómo se gestionaría la presencia del adolescente.

El Consejo de Educación emitió un comunicado informando que se mantendría la “trayectoria supervisada de Educación Especial” para el joven, en cumplimiento de la Ley 23.02, que protege los derechos de los niños y adolescentes. Esta ley establece que aquellos bajo régimen de libertad asistida deben seguir un sistema educativo supervisado, lo que ha generado confusión y descontento entre los padres y alumnos.

Dewey destacó que, aunque la ley tiene 24 años, muchos no estaban familiarizados con su funcionamiento. “Los padres y alumnos no sabíamos cómo operaba el régimen de libertad asistida y esto provocó un malentendido sobre la situación del joven condenado”, indicó. Este desconocimiento contribuyó a la tensión existente en la comunidad educativa.

La preocupación de los estudiantes se intensificó cuando se enteraron de la situación del adolescente. “Se sienten en un peligro inminente, ya que no se sabían cómo reaccionaría el chico al estar en la misma aula”, añadió Dewey. Para muchos, la falta de información y la necesidad de preservar la intimidad del joven complicaron aún más la situación.