El ataque ocurrió el viernes pasado, a las 13, mientras los profesionales realizaban entrevistas domiciliarias a familiares de personas bajo supervisión judicial. En el momento del ataque, el chofer estaba en la camioneta, pero los trabajadores se encontraban fuera del vehículo. La policía logró detener a dos sospechosos vinculados al atentado, quienes son usuarios de los servicios de la misma dirección.

La gravedad del suceso ha llevado a los integrantes del personal judicializado a manifestarse. «Esto es un hecho inaceptable. Pudo haber sido una tragedia», declaró Alejandra Lucero, integrante del equipo en entrevista con Radio 7. La situación ha resaltado la exposición constante a la que están sometidos los trabajadores en su día a día.

Desde la dirección provincial, se informó que este tipo de tareas se realiza con acompañamiento policial, aunque no siempre es suficiente para garantizar la seguridad. «El trabajo es riesgoso y es esencial contar con medidas de protección adecuadas», agregó Lucero. Este incidente se suma a un historial de inconvenientes de menor escala, pero de esta magnitud, es la primera vez que ocurre.

El ataque ha suscitado una serie de reclamos por parte del personal, quienes exigen mejoras en las condiciones laborales y de seguridad. «Estamos reclamando que se reconozca la importancia de nuestro trabajo y se nos brinden herramientas adecuadas para desempeñarlo con seguridad», indicó Lucero.

A lo largo de los años, la estructura del organismo se ha reducido, dejando al personal expuesto. Antes contaban con más direcciones y ahora dependen de una sola. Esto ha generado una sensación de abandono y falta de reconocimiento por parte de las autoridades.

Los trabajadores también han solicitado que se establezcan protocolos claros para proteger a quienes se encuentran en la línea de trabajo. La reciente experiencia ha puesto de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar futuros incidentes que pongan en riesgo la vida de los trabajadores.

El llamado a la acción se hace más urgente a medida que las denuncias de violencia y amenazas aumentan en la región. La comunidad y las autoridades deben tomar en serio la situación para garantizar que quienes cumplen con su labor en el sistema judicial no enfrenten riesgos innecesarios.