El Gobierno Nacional anunció, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la prórroga de la emergencia energética nacional hasta el 9 de julio de 2025. Esta extensión da continuidad a las medidas excepcionales adoptadas desde diciembre de 2023, con el objetivo de estabilizar un sistema energético caracterizado por distorsiones tarifarias, infraestructura insuficiente y un esquema de subsidios mal focalizados. En este contexto, el decreto establece ajustes en tres puntos fundamentales: la postergación de los cuadros tarifarios, la intervención continua de los entes reguladores y la preservación del esquema de subsidios mientras se avanza en un plan de contingencia.

1. Revisión Tarifaria: más tiempo para la entrada en vigencia

Uno de los ejes centrales del decreto es la demora en la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de Revisión Tarifaria Integral (RTI) en curso. El plazo inicial, fijado para el 31 de diciembre de 2024, se extiende hasta el 9 de julio de 2025. Esta decisión responde a la necesidad de consolidar un proceso ordenado que refleje los costos reales del suministro, evitando distorsiones abruptas y facilitando la adecuación gradual de los usuarios.

El esquema busca equilibrar las finanzas del sistema energético, actualmente tensionado por precios que no cubren los costos de generación, transporte y distribución. Sin embargo, el decreto subraya que las tarifas deberán ajustarse bajo un mecanismo basado en inflación futura, lo que apunta a estabilizar los valores en términos reales y evitar incrementos repentinos.

2. Intervención prolongada de los Entes Reguladores

El decreto también prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ambos organismos descentralizados, hasta la creación y puesta en marcha del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Este último organismo, previsto por la Ley N° 27.742, busca unificar las funciones de los entes existentes. Sin embargo, el proceso de conformación de este ente unificado continúa en suspenso, y los interventores actuales mantendrán la supervisión del sector durante la emergencia.

La intervención extendida tiene como objetivo garantizar la continuidad administrativa y la implementación de las políticas previstas en el marco de la emergencia energética, así como supervisar el proceso de adecuación tarifaria y la reorganización del esquema de subsidios.

3. Subsidios: continuidad mientras se define el “plan de contingencia”

El esquema de subsidios energéticos, uno de los puntos más controvertidos del sistema actual, se mantiene sin modificaciones sustanciales en el corto plazo. Según el decreto, la Secretaría de Energía debe continuar trabajando en un «plan de contingencia» que garantice la sostenibilidad económica del sector y asegure el acceso a la energía para los usuarios más vulnerables.

En el esquema vigente, los subsidios siguen segmentados en tres niveles según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Los usuarios de Nivel 2 (de menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios) seguirán recibiendo asistencia, mientras que los usuarios de Nivel 1 (mayores ingresos) continúan siendo progresivamente excluidos del beneficio. Sin embargo, el decreto reconoce la necesidad de redefinir los criterios de asignación y corregir deficiencias detectadas en la implementación inicial del sistema, como la falta de cruces de información para garantizar una focalización adecuada.

Mientras tanto, los subsidios temporales buscan aliviar el impacto en los sectores más vulnerables, manteniendo los servicios accesibles mientras el gobierno ajusta los mecanismos para una transición más sostenible.

Objetivos y desafíos

El gobierno busca con esta prórroga:

• Asegurar la continuidad de los servicios energéticos en condiciones técnicas y económicas adecuadas.
• Corregir las distorsiones tarifarias acumuladas y fortalecer las señales de mercado para atraer inversiones privadas.
• Promover un uso más eficiente de los recursos energéticos, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda.

El impacto del decreto

La prórroga de estas medidas es una señal de que el gobierno busca ganar tiempo para reordenar un sector que enfrenta desafíos estructurales significativos. Sin embargo, la postergación de los cuadros tarifarios y la continuidad de los subsidios reflejan la dificultad de avanzar rápidamente hacia un sistema más sostenible, especialmente en un contexto económico delicado.

La extensión de la intervención de los entes reguladores, por su parte, consolida un esquema de control directo del Ejecutivo sobre decisiones clave, como la adecuación tarifaria y la supervisión de las inversiones necesarias para mantener y expandir la infraestructura.

Un delicado equilibrio

El decreto evidencia la necesidad de equilibrar objetivos a menudo conflictivos: garantizar la sostenibilidad financiera del sistema energético, proteger a los usuarios más vulnerables y generar las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas. La demora en la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios y la continuidad de los subsidios permiten un respiro temporal a los usuarios, pero al mismo tiempo posponen decisiones estructurales necesarias para el futuro del sector.

Con esta prórroga, el gobierno apuesta a que el tiempo adicional permita implementar medidas más eficaces y consensuadas, mientras busca consolidar un sistema energético más robusto y predecible. Sin embargo, los desafíos persisten, y el éxito de estas políticas dependerá de la capacidad de coordinar esfuerzos entre los diferentes actores involucrados: empresas, usuarios y gobiernos provinciales.