Los allanamientos fueron solicitados por la justicia en el marco de una causa que involucra irregularidades en la contratación de familiares de la vicegobernadora y el presunto uso indebido de fondos públicos. En uno de los operativos, se detuvo a Pablo Ruiz, hermano de la funcionaria, quien se entregó a la justicia el viernes alrededor de las 14:00. La situación generó gran conmoción dentro del ámbito político provincial, y la posibilidad de un juicio político es ahora un tema central en la agenda legislativa.
En una entrevista, Coggiola expresó su sorpresa y repudio ante los hechos. El diputado indicó que, si bien no participó de la reunión del viernes en la Legislatura, se está evaluando la posibilidad de avanzar con un juicio político a la vicegobernadora. Según el artículo 266 de la Constitución de la provincia, un juicio político puede iniciarse por «inhabilidad moral», un concepto que parece aplicarse al caso de Ruiz, dada la gravedad de las acusaciones.
«La gente no tolera más estas situaciones», subrayó Coggiola, haciendo referencia al descontento popular ante los hechos ocurridos. Además, comentó sobre las reacciones en la ciudad de Plottier, donde tanto la Diputada provincial Luz Ailín Ríos y el intendente Luis Bertolini decidieron desafiliarse del partido político, Desarrollo Ciudadano, creado y fundado por la vicegobernadora. Este tipo de medidas son vistas como una respuesta de los dirigentes para distanciarse de la controversia y proteger su imagen.
El legislador de Neuquén Federal también recordó que el gobernador Omar Gutiérrez ha sido claro en su postura contra el uso indebido de fondos públicos y la corrupción en todos sus niveles. «El gobierno provincial siempre ha sostenido que la administración de los recursos públicos debe ser intachable», destacó Coggiola, señalando que este tipo de situaciones son incompatibles con los principios de la gestión actual.
En cuanto a la posibilidad de un juicio político, el diputado precisó que el proceso requiere la presentación de una denuncia formal y la convocatoria a una sesión especial en la Legislatura, donde se definiría si corresponde iniciar el procedimiento. En ese sentido, advirtió que el proceso no será sencillo, ya que involucra varios pasos legales y requiere la decisión mayoritaria de los legisladores.
Por otro lado, Coggiola destacó que si bien no existe una ley que prohíba la contratación de familiares de funcionarios, «la cantidad de familiares contratados» en el entorno de Ruiz ha generado cuestionamientos. La sociedad, según el legislador, ve con desconfianza estos nombramientos, especialmente cuando no hay un proceso de selección transparente. Sin embargo, insistió en que el «núcleo del problema» radica en el presunto desvío de fondos públicos y no tanto en la contratación de familiares per se.
La situación continúa evolucionando, y se espera que los próximos días sean clave para definir el futuro de la vicegobernadora en el cargo. El pedido de juicio político es una de las principales herramientas legales que los diputados podrían utilizar para abordar la crisis institucional generada por los recientes escándalos.
En este contexto, la respuesta de la Legislatura será crucial. «La ciudadanía exige respuestas rápidas y claras,» señaló Coggiola, dejando en claro que el bloque al que pertenece apoyará cualquier medida que se ajuste a la Constitución y que sea necesaria para asegurar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.
La crisis en la Legislatura de Neuquén se encuentra en pleno desarrollo, y el seguimiento de este caso será de gran interés para los ciudadanos de la provincia, quienes observan atentamente el desenlace de las investigaciones y las decisiones políticas que se tomen en las próximas semanas.
