Julio Salazar, referente de la institución, confirmó que se lograron avances significativos en las negociaciones. «Se establecieron medidas clave, como la identificación de los vehículos, la provisión de celulares corporativos con cobertura y la instalación de dispositivos georreferenciales en los móviles. Además, se acordó que el personal tenga la posibilidad de no ingresar a domicilios si las condiciones no son seguras», detalló en diálogo con Noticias 7.
El paro comenzó luego que el pasado 1 de noviembre, en una visita a un domicilio en Cutral Co, el chofer de los trabajadores recibió ocho disparos. Milagrosamente salvó su vida ya que no sufrió ninguna herida gracias a que los proyectiles impactaron en el auto. A partir de ese momento se realizó una asamblea en la que los trabajadores decidieron iniciar un paro con la finalidad que se les brinde seguridad y un aumento salarial al tratarse de un trabajo de alto riesgo.
Este paro vislumbró el peligro al que se enfrentan a diario quienes trabajan en las sedes de Población Judicializada de toda la provincia y de quienes deben asistir a domicilios para evaluar a personas privadas de la libertad bajo el régimen de prisiones domiciliarias. A su vez dejó entrever el rol significativo que tienen quienes trabajan allí ya que los informes criminológicos, que se realizan a los internos para acceder a sus derechos, se vieron retrasados por las medidas de fuerza.
El protocolo también incluye refuerzos de seguridad en las sedes, con detectores de metales, cámaras de vigilancia con monitoreo en tiempo real y consigna policial mixta (masculina y femenina). Estas medidas buscan garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la de las personas atendidas.
A pesar del retorno a las actividades, el trabajo de campo no se reanudará por completo hasta que se oficialicen las nuevas disposiciones. Las visitas domiciliarias, las supervisiones laborales y otras actividades externas están programadas para retomarse después de una reunión clave el próximo viernes 12 de este mes.
Entre los compromisos alcanzados, también se destacan la reactivación de concursos públicos para cubrir vacantes, la provisión de contratos eventuales para situaciones urgentes y la evaluación de bonificaciones para el personal que realiza tareas críticas o de alto riesgo. «Se avanzó un 100% en el dispositivo de seguridad, pero queda pendiente la discusión de una compensación económica para quienes realizan trabajo de campo», agregó Salazar.
El levantamiento del paro ha permitido retomar informes sobre personas liberadas y en periodo de prueba, así como actividades normales en las unidades de detención de Neuquén y las delegaciones del interior. Estas unidades ya cuentan con dispositivos de seguridad activos, lo que ha facilitado el retorno paulatino del personal.
No obstante, Salazar subrayó que el trabajo de campo solo se reanudará una vez que las medidas acordadas sean oficializadas mediante resolución. «Es fundamental garantizar que el protocolo esté plenamente operativo y que se cuente con el equipamiento necesario para proteger a nuestros trabajadores», afirmó.
La Secretaría de Trabajo continuará supervisando el cumplimiento de los acuerdos y será parte de nuevas reuniones con el objetivo de abordar las demandas restantes, entre ellas, las relacionadas con mejoras salariales y laborales.
Los avances en estas negociaciones representan un paso importante para fortalecer la seguridad y la eficiencia en el trabajo con población judicializada, un área de alto impacto en la reinserción social y la gestión penitenciaria. Sin embargo, se espera que las próximas semanas sean decisivas para consolidar estas mejoras.
