El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén dio a conocer su primer informe anual, destacando las condiciones de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. El documento fue presentado ayer en la Legislatura, cumpliendo con lo estipulado en la ley que dio origen al organismo, creado en 2023. El evento contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales.
Roberto Samar, integrante del Comité, explicó a Noticias 7 que el informe se centra en monitorear espacios donde las personas no pueden salir libremente, como cárceles, comisarías y otros centros de detención. Este año, el foco estuvo puesto en las unidades penitenciarias de Neuquén Capital y las comisarías de la zona. Las entrevistas con personas privadas de la libertad revelaron graves irregularidades y violaciones a sus derechos básicos.
Entre las principales denuncias, se mencionó que el 92% de las personas entrevistadas en la Unidad 11 prefieren evitar consumir la comida proporcionada, debido a su mala calidad, que ha causado problemas de salud como diarrea y sarpullidos. Además, ninguna de las personas privadas de libertad tiene acceso efectivo al trabajo, lo que contraviene la Ley 24.660, que establece este derecho como fundamental para la reinserción social.
El hacinamiento es otro de los problemas críticos señalados. Las comisarías, diseñadas para detenciones breves, alojan personas durante meses en condiciones deplorables, sin acceso a luz solar ni espacios adecuados para dormir. En algunos casos, se denunció la presencia de líquidos cloacales y cables pelados en las instalaciones, poniendo en riesgo la integridad de los detenidos.
La falta de dispositivos para abordar problemas específicos también fue destacada. Por ejemplo, no existen programas para trabajar sobre la violencia de género en las cárceles. Según Samar, esto demuestra que, en muchos casos, la prisión no solo no resuelve los problemas, sino que los agrava.
El informe también subrayó la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión para reducir la sobrepoblación y garantizar condiciones dignas en los centros de detención. Asimismo, se enfatizó en la importancia de cumplir con derechos básicos como el acceso a la educación, el trabajo y la salud, fundamentales para reducir los índices de reincidencia.
Para el próximo año, el Comité planea ampliar los monitoreos a otras instituciones y localidades. También buscará evaluar si las recomendaciones realizadas han tenido impacto y, de ser necesario, intensificar los reclamos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Roberto Samar concluyó señalando que “ garantizar derechos reduce la violencia. Además de generar herramientas para la reinserción social”. Desde el Comité se insta a los poderes del Estado a tomar medidas urgentes para solucionar las problemáticas detectadas.
