El diputado Andrés Blanco del PTS-FIT denunció que la aprobación de las Leyes N° 27.742 y 27.743, que reforman el sistema laboral y previsional, estuvo marcada por corrupción y negociaciones ilegales. En un proyecto de comunicación presentado en la Legislatura de Neuquén, Blanco solicitó que la Cámara de Diputados de la Nación declare nula la aprobación de estas leyes. Una iniciativa similar fue presentada en el Congreso de la Nación por legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Acusaciones de corrupción y retroceso en derechos laborales

Según Blanco, estas leyes representan un grave retroceso para los derechos de trabajadores y trabajadoras. “Fueron aprobadas gracias a prácticas corruptas, como el intercambio de favores políticos a cambio de votos”, afirmó.

El legislador señaló como claves para la aprobación de estas leyes los votos de:

• Edgardo Kueider, senador por Entre Ríos, elegido por el Frente de Todos.
• Lucila Crexell, senadora por Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino.
• Carlos Espínola, senador por Corrientes, electo en listas del peronismo.

Blanco destacó que la votación finalizó con un empate en 36 votos, lo que habilitó el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien votó a favor de las leyes.

Denuncia de represión y prácticas parlamentarias corruptas

El diputado criticó que las leyes fueron aprobadas “en un contexto de brutales represiones orientadas a garantizar su votación”. Además, calificó el tratamiento de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal como un salto procedimental que institucionalizó la “rosca parlamentaria”, dejando de lado las demandas de las mayorías populares.

“La represión y la corrupción fueron las herramientas utilizadas por el gobierno y la oposición colaboracionista para imponer estas leyes que implican un retroceso de más de un siglo en derechos laborales y democráticos”, enfatizó Blanco.

Exigen la nulidad y denuncian las implicancias de las leyes

Desde el PTS-FIT, tanto a nivel nacional como provincial, exigen la nulidad de estas normativas. Argumentan que implican:

• Delegación de facultades al presidente Javier Milei.
• Ataques al empleo público y la estabilidad laboral.
• Fomento del extractivismo y el saqueo de bienes comunes naturales.

Blanco llamó a la ciudadanía a rechazar estas leyes y alertó sobre su impacto negativo en el tejido laboral y democrático del país.