Las familias de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJ) N° 3, ubicada en San Martín de los Andes, se encuentran en una situación crítica. Desde el 14 de octubre, la escuela ha interrumpido sus actividades debido a la falta de un edificio adecuado que satisfaga las necesidades de los estudiantes. En una reciente entrevista en Radio 7, Claudia Herrera, madre de un alumno, compartió el drama que enfrenta la comunidad educativa.
La escuela, que ha funcionado durante 20 años en un edificio que no ha sido adaptado, se encuentra actualmente en una crisis. El contrato de alquiler del inmueble no se renovará, y la institución está en proceso de mudanza a galpones del Consejo Provincial de Educación. Esto significa que los materiales y herramientas necesarios para la formación de los estudiantes están siendo trasladados, dejando a 88 familias sin un lugar donde continuar su educación.
Claudia Herrera expone que el cierre se debe a un incidente grave ocurrido en la escuela, donde una fuga de gas provocó la explosión de un calefactor mientras había alumnos presentes . Este hecho alarmante sucedió el 14 de octubre y marcó un punto de quietud en las actividades educativas. La falta de mantenimiento adecuado en el edificio ha sido una constante, generando un ambiente inseguro para los estudiantes.
La comunidad educativa ha solicitado respuestas a los funcionarios responsables, pero, según Herrera, las respuestas han sido insuficientes y las soluciones, escasas . Las familias se sienten desbordadas por la falta de información sobre el futuro de sus hijos, quienes dependen de esta educación especializada para adquirir habilidades que les permitan vivir de manera independiente.
Los alumnos de la EIAJ Nº 3 no solo asisten a clases, sino que participan en actividades que les enseñan oficios como huerta, cerámica y cocina. Estas habilidades son fundamentales para su desarrollo y autonomía , y su pérdida representa una truncación en su proceso educativo. La comunidad educativa teme que, sin un lugar adecuado, estos jóvenes quedan desprovistos de oportunidades vitales.
Las familias han intentado comunicarse con las autoridades, incluida la ministra de educación, para buscar soluciones. Sin embargo, la respuesta ha sido desalentadora, ya que las propuestas de reubicación no cumplen con las necesidades específicas de los estudiantes . En algunos casos, se han ofrecido espacios que no son accesibles, lo que demuestra una falta de comprensión sobre las necesidades de la discapacidad.
El hecho de que la situación haya escalado a este punto ha llevado a los padres a cuestionar la gestión de las autoridades. «No se trata solo de tener un lugar donde ir, sino de asegurar que ese lugar cumpla con las normas de accesibilidad y seguridad», enfatiza Herrera . La comunidad educativa se siente frustrada ante lo que perciben como una negligencia por parte de quienes deberían velar por el bienestar de sus hijos.
A pesar de la adversidad, las familias continúan buscando alternativas. «No vamos a rendirnos, necesitamos un espacio que realmente funcione para nuestros chicos», declara Claudia , quien también resalta la importancia de la inclusión y el respeto a las necesidades especiales. La comunidad educativa ha expresado su deseo de encontrar soluciones rápidas y efectivas, pero el tiempo corre en su contra.
La falta de respuesta adecuada por parte de los funcionarios ha llevado a las familias a elevar su voz en busca de justicia y apoyo. «Estamos luchando por nuestros hijos y por su derecho a una educación digna», concluye Herrera , subrayando la importancia de la empatía y el compromiso en la gestión educativa.
La situación de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad Nº 3 es un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar espacios adecuados para la educación inclusiva. Las familias esperan que las autoridades tomen medidas inmediatas para resolver esta crisis y brindar a sus hijos el futuro que merecen.
