Neuquén es la segunda provincia con más femicidios en lo que va del año. Según un relevamiento hecho por la organización feminista Mumalá, la provincia registró seis casos de femicidios hasta el pasado 30 de septiembre, número que la posiciona en el segundo lugar después del Chaco.

Además, el último domingo 1 de octubre otro ataque femicida tuvo lugar en Centenario, donde una mujer perdió la vida y en la causa está imputada su ex pareja.

«Lamentablemente la cifra se sostiene con el correr de los años y los gobiernos»; «es una cifra permanentemente estable, que debería dejar de naturalizarse», lamentó Alejandra Benaglia, coordinadora de la casa de la Comunicación, en diálogo con Radio 7.

La periodista consideró que la Justicia debería evaluar más detalladamente las situaciones de riesgo en la que se encuentran las denunciantes. En contexto, en el femicidio que tuvo lugar este domingo en Centenario, el agresor de la mujer ya tenía una orden de restricción por un ataque ocurrido en 2021.

«Nosotras entendemos que no puede haber una consigna policial por cada denuncia, pero si en contexto de riesgo hay una urgencia, a lo mejor en esa urgencia se necesita de una consigna», expresó Benaglia.

También, la periodista opinó que para poder vislumbrar la forma de resolver estas situaciones «se necesita de un abordaje multidisciplinario», ya que «la violencia de género es multicausal».

Por último, sostuvo que «hay que trabajar en la prevención» y que, una de las medidas para evitar este tipo de hechos, por ejemplo, es «una aplicación de la ESI efectiva en todos los niveles de la educación», como también una concientización sobre el tema por parte de los medios de comunicación.

Investigación sobre el femicidio de Centenario

En una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes, el fiscal jefe Agustín García acusó a un hombre, identificado como R.O.F, por el femicidio de Gisela Antonia Fuentes, de 41 años, ocurrido en la madrugada del domingo en una vivienda de Centenario, Neuquén.

Según la versión proporcionada por el fiscal, el acusado se presentó en la vivienda de la víctima alrededor de las 6 de la mañana. Gisela mantenía una relación con el hombre durante aproximadamente 13 años, y en ese momento se encontraba en la casa con su actual pareja, A.C.

Cuando R.O.F. llegó, A.C. se refugió en una habitación. El acusado, armado, saltó el portón y entró en la casa, golpeando la puerta de la habitación de A.C. y portando un arma de fuego.

A pesar de los intentos de la víctima por defenderse, el proyectil no se disparó. Esto permitió que A.C. intentara defenderse, pero finalmente resultó herido en un brazo. Luego de la agresión inicial, R.O.F. abandonó la residencia, pero regresó, aparentemente frustrado por no haber logrado su objetivo inicial, y disparó un tiro que impactó a su expareja.

Según los resultados de la autopsia, la herida afectó la aorta de Fuentes, lo que finalmente causó su muerte debido a un shock hipovolémico.

García calificó los hechos como un delito de homicidio triplemente agravado: por el uso de un arma de fuego, la relación de pareja y, de manera más grave, como femicidio. Además, se imputó al acusado de homicidio doblemente agravado por el uso de un arma de fuego y el propósito de causar sufrimiento a su expareja, en grado de tentativa, en calidad de autor.

Tras la formulación de cargos, la fiscal del caso, Lucrecia Sola, y el fiscal jefe García solicitaron una prisión preventiva de 8 meses para el acusado. Argumentaron que existe un peligro real de que el acusado no se someta al proceso judicial, citando testimonios que indican que tiene acceso y uso frecuente de armas de fuego.

Además, señalaron la necesidad de proteger a los familiares de la víctima, así como al hombre herido, basándose en preocupaciones sobre su seguridad.

Los fiscales también mencionaron que el acusado habría intentado entorpecer la investigación, incluyendo un intento de inculpar al hombre herido en el caso. Se destacó que existen registros de denuncias previas de violencia de género en el ámbito familiar, lo que condujo a medidas de protección para la víctima en el pasado, medidas que se retiraron en julio de 2022 después de la falta de incidentes adicionales.

También se mencionó una investigación penal anterior que no pudo avanzar debido a la falta de pruebas.

La audiencia contó con la presencia de otros fiscales y abogados involucrados en el caso, y el juez de garantías, tras escuchar a las partes, impuso la medida cautelar solicitada por un período de 6 meses.