En el marco de la investigación por estafas relacionadas con planes sociales, un juez de garantías dispuso la prisión domiciliaria de Marcos Osuna, uno de los señalados como jefe de la organización, junto con medidas complementarias como el uso de tobillera electrónica, rondines policiales y la prohibición de contacto con testigos.
Decisión judicial y plazos
La medida fue adoptada luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal Juan Manuel Narváez, argumentara que Osuna había cumplido el plazo máximo de 18 meses de prisión preventiva previsto para causas complejas. La detención domiciliaria se extenderá por un mes y quince días a partir del 10 de enero, como decidió el juez Luis Giorgetti, aunque el MPF había solicitado un plazo de seis meses.
En la misma audiencia, se prorrogó también por un mes y quince días la prisión domiciliaria de Ricardo Soiza, otro de los imputados en el máximo nivel de la organización.
Avance del caso
La audiencia de control de acusación está prevista para el 18 de febrero, mientras que el juicio podría realizarse en marzo o abril de este año. Según la teoría del caso presentada por el MPF, una asociación ilícita integrada por exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo habría cometido estafas con la administración y el cobro de planes sociales mediante cheques y tarjetas de débito.
La investigación apunta a una estructura jerárquica:
- Jefes de la organización:
- Ricardo Soiza: Exdirector general de Gestión de Planes Sociales.
- Néstor Pablo Sanz: Exdirector de Fiscalización.
- Marcos Ariel Osuna: Responsable de Gestión de Programas.
- Abel Di Luca: Exministro de Desarrollo Social.
- Tomás Siengenthaler: Excoordinador de Administración.
- Niveles secundarios: Incluyen colaboradores directos, reclutadores de beneficiarios y cobradores.
La fiscalía sostiene que las maniobras se realizaron entre septiembre de 2020 y julio de 2022, y que la organización contaba con distintos niveles de responsabilidad.
Además de las prisiones domiciliarias, los imputados deberán cumplir con: Tobilleras electrónicas, según disponibilidad; Rondines policiales periódicos; Prohibición de contacto con testigos para evitar entorpecer la investigación.
