El reciente anuncio de la completación del pozo horizontal más largo en Vaca Muerta, alcanzando una profundidad total de 7.436 metros en solo 46 horas, ha sido presentado como un hito en la industria del petróleo y gas en Argentina.
Sin embargo, este logro técnico ha reavivado las preocupaciones por sus consecuencias ambientales.
La Confederación Mapuche de Neuquén en su página de Facebook, ha publicado un comunicado donde señala y cuestiona las implicaciones ambientales de tales avances, señalando que «semejante logro ingenieril implica 80 etapas de fractura. Por cada una de esas etapas se inyecta 500 metros cúbicos de fluido (mezcla de agua, arena y químicos) y una tasa de retorno de 150 metros cúbicos de flowback por etapa». Esto resultaría en la generación de aproximadamente 12.000 metros cúbicos de «agua de retorno» que, junto con el agua de producción, se destinaría a sumideros que inyectan «residuos peligrosos sin declaración alguna, en cercanía de los lagos que nos provee el agua potable».
El comunicado plantea una crítica contundente sobre la gestión de estos residuos, preguntando: «¿Alguien controla que los fluidos no se mezclen con las aguas dulces?». Además, destacan la magnitud del problema al afirmar que «se generan más de un millón de metros cúbicos por año de residuos sólidos que quedan en la superficie, pero de residuos líquidos solo en 2023 se generaron 33 millones». Con los recientes récords de perforación, estiman que actualmente «debemos estar en una tasa de más de 40 millones de metros cúbicos acumulado». Comparan esta situación con casos que generaron controversia por acumular 300.000 metros cúbicos de residuos, instando a imaginar el impacto de 40 millones de metros cúbicos por año.
La organización también cuestionó la capacidad y la voluntad de las empresas para gestionar adecuadamente los residuos, señalando que, aunque pueden realizar perforaciones de 7.400 metros superando las adversidades del subsuelo, parecen desinteresarse de las consecuencias en la superficie. Critican la falta de control sobre los contratistas y la ausencia de estrategias claras para el tratamiento y destino final de las aguas de retorno. Además, advierten sobre la ubicación de los pozos sumideros en zonas de perilagos, lo que podría afectar las fuentes de agua de múltiples ciudades al tomar contacto con napas acuíferas contaminadas por filtraciones y asimismo advierten sobre los riesgos en la integridad de las represas debido a posibles sismos producidos por el fracking.
A este panorama se suma la política de controles insuficientes por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia. El comunicado manifiesta su preocupación ante la falta de acción de la Secretaría de Ambiente provincial en su función como organismo encargado de fiscalizar el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera, subraya que «el tratamiento de la “basura petrolera” está fuera de control, no se realiza un monitoreo real sobre la ruta de los residuos peligrosos, ni se exige la certificación de generación, transporte o disposición final».
