El Gobierno nacional prepara un paquete de reformas legislativas que incluiría la derogación de la Ley Micaela, la eliminación de la figura de femicidio en el Código Penal, y la supresión de los cupos laborales para personas trans en el sector público. Las iniciativas serán enviadas al Congreso durante las sesiones ordinarias y podrían convertirse en uno de los principales ejes discursivos de la campaña electoral para las elecciones legislativas de 2025.
La Casa Rosada ha expresado su intención de eliminar todas las normativas que, según sus funcionarios, contemplan una “discriminación positiva sobre minorías”. El paquete legislativo tiene como objetivo eliminar leyes que, argumentan, favorecen a grupos específicos, como las personas trans, y que consideran innecesarias en una sociedad democrática.
La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, es la responsable de elaborar el proyecto, bajo la supervisión de Santiago Caputo, asesor presidencial. El Gobierno sostiene que estas reformas buscan garantizar una igualdad de trato, asegurando que el Estado no debe hacer excepciones para grupos particulares, como las minorías sexuales o de género.
Uno de los principales puntos del paquete es la derogación de la Ley 26.791, que modifica el Código Penal para considerar el “femicidio” como un agravante en los casos de homicidio. En la Casa Rosada se argumenta que no debe existir distinción entre el asesinato de un hombre y el de una mujer, lo que implica una revisión profunda del enfoque del género en la justicia penal.
Otro proyecto clave es la Ley Micaela (27.499), sancionada en 2018, que obliga a los funcionarios públicos a recibir capacitaciones sobre violencia de género y perspectiva de género. Desde el Ejecutivo, han señalado que este tipo de normativas no tienen justificación y que deberían eliminarse, ya que consideran que no es necesario legislar sobre temas de género de manera obligatoria en el ámbito del Estado.
Asimismo, el paquete también propone suprimir los cupos laborales en los tres poderes del Estado, incluyendo el 1% de participación de personas trans, travestis y transexuales en las estructuras públicas, establecido por la Ley 27.636. Este planteamiento se extiende a otras normativas como la Ley de Paridad de Género (27.412), que establece la igualdad de género en las listas de candidatos políticos.
El proyecto también busca derogar el Decreto 476/2021, que creó la opción de un DNI no binario, permitiendo la inclusión de una tercera opción de sexo en el documento de identidad. Además, se eliminaría la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que exige que el 30% de los artistas en festivales sean mujeres, y la Ley de Identidad de Género (26.743), que permite a las personas identificar su género y acceder a tratamientos médicos sin necesidad de una intervención judicial.
La Casa Rosada ha dejado claro que no tiene intención de continuar con políticas que consideren discriminatorias, al menos en términos de protección especial para minorías de género. Estas propuestas han generado un amplio debate sobre los derechos humanos y la equidad de género en el país.
