El Gobierno nacional acelera su plan de reducir en un 30% el aparato estatal, lo que ha desatado la alarma entre los trabajadores estatales y sus gremios. Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtió que el sindicato resistirá la medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Los 800 millones de dólares que el Estado va a dejar de recaudar por la baja en las retenciones al campo no pueden compensarse con despidos masivos ni con el cierre de organismos públicos”, subrayó.
La intención de recortar personal fue confirmada por fuentes cercanas al Gobierno y viene siendo comunicada internamente en los ministerios desde la semana pasada. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, denunció que “son los propios funcionarios quienes hicieron correr por los pasillos que habría una nueva etapa de despidos”. Este anuncio llega en un contexto de hostigamiento constante hacia los trabajadores estatales desde el inicio de la gestión Milei.
En 2024, el Gobierno ya ejecutó un ajuste del 30% en el gasto público, lo que derivó en la expulsión de 36 mil empleados públicos, según datos del Indec. Estas cifras incluyen despidos, retiros voluntarios, jubilaciones y no renovación de contratos. Ahora, el Ejecutivo planea avanzar con la idea de “dotaciones mínimas” antes del inicio de la campaña a las legislativas.
Diversas áreas estatales ya confirmaron recortes o fusiones inminentes. En el Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, y en Arca, el organismo que reemplazó a la Afip, se planea eliminar puestos. En el Ministerio de Desarrollo Social –ahora Capital Humano– también se prevén despidos. La reciente renuncia de Juan Ignacio Mier a la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia evidenció las presiones internas para reducir drásticamente el personal.
Los gremios denuncian que incluso trabajadores que aprobaron evaluaciones de idoneidad han sido despedidos, como ocurrió en Derechos Humanos y Justicia. Catalano aseguró que “en los últimos días se intensificaron las asambleas en todos los sectores”, especialmente en áreas ya afectadas como Vivienda, Capital Humano y la Secretaría de Niñez.
Ingrid Manfred, secretaria general de ATE-Desarrollo Social, cuestionó duramente a la ministra Sandra Pettovello por su gestión. “Mientras sus funcionarios fantasma siguen cobrando, no han ejecutado un solo peso del presupuesto asignado para 2024”, denunció, resaltando el impacto negativo del ajuste en los servicios públicos esenciales.
El clima laboral en las oficinas estatales es de tensión e incertidumbre, con especulaciones sobre los despidos que se vienen anunciando de manera informal. Los gremios planean medidas de fuerza para frenar el ajuste, aunque enfrentan un panorama desafiante frente a un gobierno decidido a avanzar con su plan de reestructuración.
La perspectiva de nuevos despidos masivos genera un impacto social negativo y pone en riesgo el funcionamiento de organismos claves. Los trabajadores estatales, respaldados por sus gremios, insisten en que la lucha será dura, pero necesaria para evitar una precarización aún mayor del sector público.
