El Gobierno de Neuquén despidió a tres empleados estatales, incluyendo a un condenado por homicidio, una trabajadora que presentó certificados médicos falsos y un empleado con reiteradas inasistencias. Con estos casos, ya son más de 35 los agentes cesanteados por irregularidades.
Entre los despedidos se encuentra una exagente del Ministerio de Gobierno, quien presentó certificados médicos falsos en múltiples oportunidades. Una auditoría reveló que los documentos eran apócrifos y que el médico cuyo sello figuraba en ellos negó haberlos firmado. Ante la evidencia, la trabajadora fue hallada administrativamente responsable y apartada de su cargo.
Otro caso es un exfuncionario de la Subsecretaría de Seguridad, quien fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso de la legítima defensa. En mayo de 2023, la Justicia le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso. Tras asumir, el gobernador Rolando Figueroa ordenó acelerar los sumarios administrativos y su exoneración fue efectivizada.
El tercer despedido es un ayudante de cocina del Hospital de Junín de los Andes, quien acumuló múltiples faltas injustificadas entre enero y febrero de 2023. La administración lo sancionó por abandono de cargo y lo apartó definitivamente de la función pública.
Los despidos reflejan la política de tolerancia cero contra la corrupción e irregularidades en el empleo público, impulsada por la nueva gestión provincial. “Caiga quien caiga”, aseguran desde el Ejecutivo, que busca sanear la administración estatal.
Desde el Gobierno destacaron que seguirán revisando casos de posibles irregularidades, investigando sumarios en curso y aplicando sanciones ejemplares cuando corresponda. La decisión de Figueroa busca marcar un precedente y fortalecer la transparencia en la función pública.
El proceso de depuración del Estado neuquino forma parte de un plan de reestructuración que pretende mejorar la eficiencia del empleo público, garantizando que los recursos sean destinados a quienes realmente cumplen con sus funciones.
Con estas medidas, la gestión provincial busca recuperar la confianza de la ciudadanía en el sector público y garantizar que los fondos estatales se utilicen con responsabilidad.
