El 5 de febrero de 2025 se conmemora el 50° aniversario del Operativo Independencia, una operación militar llevada a cabo por el gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1975, con el objetivo de «neutralizar y/o aniquilar» a los «elementos subversivos» en la provincia de Tucumán. La intervención militar en esta región marcó el inicio de una serie de acciones represivas que se intensificaron tras el golpe de Estado de 1976 y que se transformaron en una política de terrorismo de Estado. Este aniversario tiene un fuerte impacto en la sociedad argentina, ya que rememora las violaciones a los derechos humanos y las consecuencias de un operativo que costó más de 800 vidas, dejando a muchas personas desaparecidas y víctimas de torturas.
El Operativo Independencia comenzó el 9 de febrero de 1975 con el despliegue de 5000 efectivos del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería, que fueron enviados a la región tucumana bajo el pretexto de combatir a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Sin embargo, la represión no solo afectó a los guerrilleros, sino también a sindicalistas, estudiantes, militantes políticos y trabajadores que no formaban parte de las organizaciones armadas, lo que evidenció el carácter desmedido y sistemático de la represión.
En el marco de este operativo, se instalaron centros clandestinos de detención como la tristemente conocida Escuelita de Famaillá, que marcó el inicio de la utilización de estos sitios como lugares de secuestro, tortura y desaparición forzada. La metodología represiva utilizada en Tucumán se extendió a todo el país tras el golpe de 1976, consolidándose como una estrategia genocida que alcanzó su máxima expresión con la dictadura militar. Los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas de este operativo reflejan la cruel violencia con la que se trató a los secuestrados y la impunidad que favoreció la permanencia de estos crímenes.
El 5 de febrero de 2025 se realizó un acto en Tucumán en el Espacio para la Memoria de la Escuelita de Famaillá, en el que diversas organizaciones de derechos humanos, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y HIJOS Tucumán, junto con organizaciones sindicales y políticas, recordaron este capítulo oscuro de la historia argentina. La jornada de conmemoración también incluyó una exposición fotográfica, testimonios de sobrevivientes y la exigencia de justicia por las víctimas del operativo.
Sin embargo, este aniversario también ha sido marcado por las controversias y posturas divergentes sobre el operativo. Grupos negacionistas, como algunos excombatientes del Ejército y militares retirados, han organizado homenajes para reivindicar la acción represiva, argumentando que el operativo fue una «guerra legítima» contra el terrorismo y defendiendo las acciones de los militares como parte de una «defensa de la democracia». Este tipo de discursos ha encontrado eco en sectores de la ultraderecha, que en la actualidad, bajo el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, buscan borrar la memoria histórica y minimizar las atrocidades cometidas en el marco del terrorismo de Estado.
A su vez, el Estado argentino ha avanzado en la investigación de los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, con juicios que han llevado a la condena de algunos responsables por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la impunidad de figuras clave como Isabel Perón, quien firmó el decreto que dio inicio al operativo, sigue siendo un tema pendiente, y la memoria histórica sigue siendo un campo de lucha entre quienes buscan reivindicar el pasado y aquellos que lo consideran un capítulo de represión que nunca debe ser olvidado.
Este 50° aniversario es un recordatorio de que el Operativo Independencia no solo fue una operación militar más, sino que representó el inicio de un plan sistemático de desaparición forzada de personas que dejó huellas profundas en la historia del país, que aún hoy se sienten. La memoria, justicia y reparación continúan siendo exigencias vitales para las víctimas y sus familias, que siguen luchando por que se reconozca la magnitud de la violencia represiva ejercida en esa época.
