Los mercados financieros y el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generan gran expectativa en el país, mientras el gobierno avanza con una auditoría masiva sobre las pensiones por invalidez. En este contexto, la vocera del FMI, Julie Kozak, ofrecerá hoy una conferencia de prensa en la que se espera alguna referencia a la situación económica argentina.
En su columna para Radio 7, Laura Ojeda, periodista especializada en economía, explicó que la Argentina sigue bajo la lupa del FMI, con el cumplimiento de las metas como factor clave para la continuidad del acuerdo. Aunque se esperan declaraciones de Kozak, no se anticipa un anuncio formal sobre nuevos acuerdos, ya que este tipo de decisiones requieren un proceso protocolar más complejo.
En paralelo, la especialista explicó que el Gobierno anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI iniciarán la revisión de 1.134.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta auditoría tiene como objetivo evaluar la validez de los beneficios otorgados y detectar posibles irregularidades.
El criterio de revisión establece que las personas afectadas deben demostrar una incapacidad laboral del 66%. La auditoría se realizará en etapas, comenzando con notificaciones a los beneficiarios, quienes deberán presentar documentación que respalde su situación.
El comunicado oficial subraya que el foco principal de la revisión estará en los beneficiarios que recibieron la pensión durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que ha generado controversia en el ámbito político y social.
El procedimiento de control incluye una evaluación médica, un análisis por parte de profesionales de la ANDIS y una revisión final supervisada por el Ministerio de Salud. Se busca garantizar que los beneficios sean otorgados correctamente y evitar casos de fraude o mal uso de los fondos públicos.
A pesar de la magnitud de la auditoría, especialistas advierten que el impacto fiscal podría ser limitado. Actualmente, los beneficiarios reciben aproximadamente el 70% de la jubilación mínima, lo que equivale a un promedio de $260.000 mensuales en febrero. Incluso si un 10% de las pensiones fueran irregulares, el ahorro no representaría una mejora significativa en las cuentas del Estado.
Con una economía en plena tensión y expectativas sobre las decisiones del FMI, la auditoría a las pensiones promete convertirse en un tema de alto impacto en la agenda pública. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la cantidad de pensiones que podrían ser dadas de baja y el efecto real de esta medida.
