Vecinos de distintos sectores del loteo en las 127 hectáreas han presentado denuncias penales por presuntas irregularidades y fraudes en la entrega de terrenos y viviendas. La causa, que está en manos de la fiscalía especializada en delitos económicos, apunta contra la cooperativa responsable del proyecto y su Consejo de Administración.

En diálogo con Radio 7, el abogado de los damnificados, Ezequiel Otarola, afirmó que los contratos no se cumplieron y que cientos de familias siguen esperando sus terrenos y viviendas. En el caso del Loteo de La Meseta, los vecinos firmaron por terrenos con servicios de luz y agua en Neuquén Capital, pero se les asignaron lotes en una zona no urbanizable, lejos de la ciudad y sin garantías de acceso a infraestructura.

Otra denuncia penal involucra al sector de la Sirena Unificada, donde algunas familias llevan hasta 15 años pagando por terrenos y construcciones que nunca recibieron. En este caso, también se denuncia la adjudicación de viviendas a familiares y allegados de miembros del Consejo de Administración de la cooperativa, incumpliendo los criterios de asignación y perjudicando a los beneficiarios legítimos.

Los vecinos afectados aseguran que la cooperativa no ha dado respuestas concretas y que no se observan avances en la construcción o entrega de viviendas. Muchos de los damnificados han tenido que dejar de alquilar esperando la entrega de sus hogares, lo que ha provocado situaciones de vulnerabilidad y desalojos.

La fiscalía investiga presuntos delitos de incumplimiento de contrato, administración fraudulenta y estafa. Otarola explicó que el equipo de abogados que representa a los damnificados solicitó medidas cautelares para evitar la destrucción de pruebas, incluyendo allanamientos y embargos preventivos sobre los bienes de la cooperativa.

El principal acusado es Jorge Salas, referente de la cooperativa, quien estaría involucrado en la presunta malversación de fondos y adjudicaciones irregulares. Los abogados piden que se investigue toda la gestión administrativa y financiera del proyecto para determinar responsabilidades y recuperar los fondos de los damnificados.

La situación ha generado una creciente movilización de los vecinos afectados, quienes exigen justicia y la entrega inmediata de los terrenos y viviendas prometidos. Otarola hizo un llamado a todas las personas que se consideren perjudicadas para que sumen sus testimonios y refuercen la causa judicial.

El caso sigue en investigación y se espera que en los próximos meses la fiscalía avance con peritajes y declaraciones para determinar el alcance del fraude denunciado. Mientras tanto, los damnificados continúan organizándose para visibilizar su reclamo y exigir respuestas concretas.