El Gobierno nacional incluyó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el registro de organizaciones terroristas, atribuyéndole responsabilidad en hechos violentos y en los recientes incendios en la Patagonia. La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 210/2025 del Ministerio de Seguridad.
La disposición, firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece que la RAM pasará a formar parte del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Según el Ejecutivo, esta organización ha reivindicado públicamente ataques contra propiedades y comunidades en la región.
El gobierno de Javier Milei refuerza así su postura frente a los conflictos en la Patagonia, asegurando que la RAM representa un riesgo para la seguridad nacional. La inclusión en la lista de terrorismo permitirá acciones judiciales y operativos más severos contra la organización y sus miembros.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que Facundo Jones Huala, líder de la RAM, ha promovido y justificado actos violentos. Aseguran que existen pruebas de su implicación en ataques incendiarios y sabotajes a infraestructuras en el sur del país.
Esta decisión del Ejecutivo endurece la política de seguridad en la región y anticipa una posible intensificación de los operativos contra grupos que el Gobierno considera una amenaza. Se espera que en los próximos días se dicten nuevas disposiciones y órdenes de captura relacionadas con este caso.
Diversas organizaciones de derechos humanos cuestionaron la medida, argumentando que podría criminalizar reclamos legítimos de comunidades mapuches. Sin embargo, el Gobierno sostiene que se trata de una acción necesaria para preservar el orden público y la seguridad.
Desde sectores opositores advirtieron que el uso de leyes antiterroristas contra movimientos sociales podría generar conflictos internacionales. La Casa Rosada, por su parte, defendió la resolución, asegurando que el Estado actuará con firmeza ante cualquier amenaza.
Este nuevo escenario plantea un desafío en el equilibrio entre seguridad y derechos indígenas, en un contexto de creciente tensión en la Patagonia. Se prevé que la decisión tenga repercusiones tanto a nivel político como judicial en los próximos meses.
