El Gobierno argentino ha decidido tomar distancia del escándalo relacionado con la criptomoneda Libra, a pesar de las más de 100 denuncias penales presentadas contra el presidente Javier Milei. Las autoridades en la Casa Rosada insisten en que se trata de un «asunto entre privados» y que no ven motivos para intervenir en el caso.
Hasta el momento, el Presidente ha enfrentado 112 denuncias penales por presunta estafa relacionadas con la promoción de Libra en sus redes sociales. Sin embargo, desde la Casa Rosada minimizan el impacto de las acusaciones y aseguran que las denuncias no tienen sustento legal suficiente para avanzar en su contra.
El Gobierno destaca que ni la Procuración del Tesoro ni la Secretaría Legal y Técnica están involucradas en este caso. Según los funcionarios, cuando un mandatario enfrenta conflictos penales, debe recurrir a un abogado particular, tal como ha hecho Milei, quien se ha confiado en el abogado Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador de Buenos Aires.
Una fuente de la Casa Rosada afirmó que la situación no es competencia del Estado y que, por tanto, el Gobierno no tiene responsabilidad en el asunto. De esta forma, el oficialismo busca desacreditar las acusaciones y evitar que la presión sobre el Presidente crezca.
El escándalo ha trascendido fronteras, ya que en el plano internacional, Milei ha sido denunciado por fraude ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI. El abogado Mariano Moyano Rodríguez, quien presentó la denuncia, habla de posibles «operaciones criminales», y la denuncia también fue llevada a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU.
Milei conoció al creador de Libra, Hayden Davis, a través de Mauricio Novelli, un empresario que ha sido clave en el contacto entre el mandatario y el mundo de las criptomonedas. Novelli, que ha organizado reuniones tecnológicas y eventos Tech Forum con el Ejecutivo, está bajo cuestionamiento por ser el nexo entre Milei y Davis.
La Oficina Anticorrupción ha abierto una investigación sobre Davis y Novelli, aunque, por el momento, el Gobierno ha descartado presentar una denuncia en su contra. Sin embargo, las autoridades se han mostrado dispuestas a reforzar los controles para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
El Ejecutivo parece estar buscando estrategias para proteger al Presidente y evitar que las presiones sobre él afecten su imagen. Aparentemente, la hermana de Milei, Karina Milei, que ocupa el cargo de secretaria General de la Presidencia, será la encargada de implementar medidas para reforzar la seguridad y el acceso al mandatario.
En resumen, el oficialismo sigue minimizando la gravedad de las denuncias y mantiene que el caso debe resolverse de manera privada, mientras se refuerzan los mecanismos para proteger al Presidente de nuevos conflictos legales y políticos.
