El Gobierno de Río Negro ha intensificado sus demandas hacia las empresas encargadas de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), exigiendo no solo la contratación de mano de obra local, sino también el cobro de un porcentaje en concepto de regalías por el petróleo destinado a exportación que transite por la provincia.
En una reciente audiencia en Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck fue enfático al declarar: «Si no se respeta el derecho de los trabajadores rionegrinos, la obra no avanzará». Esta afirmación surge tras detectar que, en el obrador de Villa Regina, solo el 30% de los trabajadores son oriundos de Río Negro, incumpliendo la normativa que exige un 80% de mano de obra local. «No puede ser que del total de trabajadores en el obrador de Villa Regina, solo el 30% fueran rionegrinos. Es una vergüenza que eso suceda y no lo permitiremos», enfatizó Weretilneck.
El conflicto con la mano de obra se agravó cuando trabajadores afiliados a la UOCRA llevaron a cabo medidas de fuerza en el obrador de Villa Regina, exigiendo el cumplimiento de la normativa laboral provincial. En la audiencia estuvieron presentes la Secretaria de Trabajo, Martha Aviléz, y el Secretario de Relaciones Institucionales, Mario Figueroa, quienes emplazaron a las empresas a regularizar la situación de inmediato. Entre las irregularidades detectadas, se señalaron la falta de contratación de trabajadores empadronados y la realización de acciones inconsultas ante las autoridades provinciales. Además, se exigió el cumplimiento del programa Compre Rionegrino, que otorga prioridad a los comercios locales en la adquisición de bienes y servicios por parte de las empresas.
A esta demanda se suma el pedido del gobernador Weretilneck para que Río Negro perciba un porcentaje en concepto de regalías sobre el petróleo exportado a través del oleoducto. Según Weretilneck, la provincia brinda la infraestructura portuaria y la licencia social para el proyecto, pero no recibe parte de la renta generada. La propuesta consiste en el cobro de un 1% sobre el precio de venta del crudo transportado, lo que representaría aproximadamente 60 millones de dólares anuales para la provincia. «No vamos a permitir que este proyecto pase por Río Negro sin dejar un beneficio directo para nuestra gente», afirmó el gobernador.
Las empresas involucradas, entre las que se encuentran YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Vista y Pampa Energía, han manifestado su oposición a este nuevo gravamen, argumentando que el proyecto VMOS fue el primero en ser presentado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el cual garantiza estabilidad fiscal y al cual Río Negro adhiró. Según fuentes empresariales, imponer un nuevo tributo podría generar inseguridad jurídica y afectar la viabilidad del proyecto.
Este conflicto podría tener repercusiones significativas en el avance del oleoducto. La provincia aún debe otorgar permisos clave para la construcción y la falta de consenso respecto al cobro de regalías podría retrasar la emisión de estas autorizaciones, poniendo en riesgo los plazos establecidos para la obra. Además, la incertidumbre podría afectar la confianza de los inversores y la obtención del financiamiento necesario para completar el proyecto, estimado en aproximadamente 3.000 millones de dólares.
El oleoducto Vaca Muerta Sur es una infraestructura estratégica que busca transportar hasta 550.000 barriles diarios de crudo desde la cuenca neuquina hasta Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro, facilitando así su exportación. La resolución de este conflicto será determinante para el futuro energético y económico de la región y del país.
Fuente: Gobierno de Río Negro
