Neuquén podría sufrir una catástrofe similar a la de Bahía Blanca si no se avanza de manera urgente en obras de infraestructura hídrica. Así lo advirtió el ingeniero Elías Sapag, exrepresentante de la provincia en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), quien alertó que la ciudad no está preparada para afrontar precipitaciones extremas ni el impacto de crecidas repentinas. El especialista señaló que los sistemas actuales son insuficientes y reclamó la ejecución de medidas concretas.

«Neuquén no está a salvo», sostuvo Sapag al referirse a la amenaza de inundaciones graves en la región. Explicó que las provincias patagónicas son especialmente vulnerables debido a su bajo régimen de precipitaciones, lo que incrementa el riesgo cuando se producen lluvias intensas en períodos cortos. «En 2014 tuvimos 110 milímetros en pocas horas y fue un caos. Imaginemos lo que podría pasar con 250 milímetros», señaló.

El ingeniero explicó que las obras de desagüe y drenaje existentes no bastan frente a eventos climáticos extremos como el registrado en Bahía Blanca. En esa ciudad, la tormenta superó los 250 milímetros de lluvia en cuestión de horas, colapsando la infraestructura urbana. Sapag aseguró que Neuquén enfrenta un escenario similar si no se realizan obras de mayor envergadura.

Entre las soluciones propuestas, Sapag planteó la necesidad de construir una represa sobre el río Neuquén, al que calificó como «poderoso y peligroso». A diferencia del Limay, que cuenta con cinco represas que permiten controlar su caudal, el río Neuquén carece de reguladores naturales o artificiales. «No tiene bosques ni lagos para regularlo. Hay que construir una represa, es la única forma de manejarlo», afirmó.

Además del control hídrico, el especialista indicó que una represa sería clave para garantizar la producción energética en la región. Recordó que, en 2006, un caudal de 10.300 metros cúbicos por segundo puso en riesgo las instalaciones de Loma de la Lata. «Si el agua llega a la sala de bombeo, se paraliza la extracción de gas que abastece al 70% del país. Sería un colapso nacional», advirtió Sapag.

En cuanto a la política nacional, criticó duramente la iniciativa del Gobierno de desmantelar el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). Consideró que se trata de «una locura» desactivar un ente que «aplica normas de seguridad bajo estándares internacionales» y que es clave para supervisar la seguridad de las presas en el país. «El ORSEP lleva 30 años funcionando y garantiza el cumplimiento de protocolos actualizados a nivel mundial», subrayó.

Sapag pidió prudencia en la toma de decisiones que afectan la seguridad hídrica nacional y llamó a sostener el trabajo coordinado entre consultores independientes, la AIC y los concesionarios responsables. «El equilibrio es prudente. Lo que funcionó debe quedar y seguir funcionando. La seguridad de la infraestructura no puede quedar librada al azar», sentenció.