Catriel: imputan al presidente del Concejo Deliberante por coacción, amenazas y portación ilegal de arma

El presidente del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Ariaudo, fue imputado este sábado por múltiples delitos, entre ellos coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego. Durante la audiencia, se solicitaron medidas cautelares para resguardar a la víctima, los testigos y la institucionalidad local. Según la acusación de la fiscalía descentralizada de […]

El presidente del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Ariaudo, fue imputado este sábado por múltiples delitos, entre ellos coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego. Durante la audiencia, se solicitaron medidas cautelares para resguardar a la víctima, los testigos y la institucionalidad local.

Según la acusación de la fiscalía descentralizada de Catriel, se le atribuyen seis hechos delictivos, el primero ocurrido el 8 de marzo, cuando habría enviado un mensaje amenazante por WhatsApp al Asesor Técnico del municipio, con el objetivo de que abandonara su trabajo.

El segundo hecho ocurrió el viernes 15, cuando el imputado amenazó por WhatsApp a la intendenta de Catriel Daniela Salzotto,  generándole temor.

En el tercer episodio, Ariaudo se presentó en la sede del Concejo Deliberante portando un arma de fuego tipo revólver, la cual exhibió frente a una cámara de seguridad para intimidar a la intendente.

Los tres hechos restantes incluyen una nueva amenaza al secretario de prensa, un intento de agresión física al encargado del área de comunicación tras amenazarlo telefónicamente, y la exhibición de un arma de fuego en el patio municipal.

Durante la audiencia, Ariaudo expresó su arrepentimiento y presentó su renuncia al Concejo Deliberante, con efecto inmediato. La querella y la fiscalía estuvieron de acuerdo con la decisión, valorando la importancia de preservar la institucionalidad.

Para garantizar el resguardo de las víctimas y la investigación, se impusieron diversas medidas cautelares, entre ellas:

  • Prohibición de contacto con las víctimas y testigos.
  • Fijación de domicilio y presentaciones semanales ante la justicia.
  • Prohibición de acercamiento a la intendente (a menos de 300 metros), al municipio y a la sede del Concejo.
  • Monitoreo con un sistema dual de protección, generalmente utilizado en casos de violencia de género.

Tras aceptar estas condiciones, el imputado recuperó su libertad. No obstante, la jueza advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían solicitarse medidas más estrictas. La restricción se mantendrá por cuatro meses, plazo establecido para la etapa preparatoria de la investigación.

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