Un hombre será juzgado por hacerse pasar por abogado y cobrarles más de $16 millones a familiares de dos condenados, con la promesa de sacarlos de la cárcel. La apertura del juicio fue avalada por el juez de garantías Raúl Aufranc, a pedido del fiscal jefe Mauricio Zabala.

Durante la audiencia en la Ciudad Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó al acusado M.A.L por los delitos de estafa en concurso ideal con usurpación de título, en carácter de autor. Según la investigación, los hechos sucedieron entre junio y agosto de 2024, cuando el sospechoso se presentó falsamente como abogado y exigió sumar millonarias para la defensa de las víctimas.

El engaño comenzó cuando una persona con motivo de tener detenidos a sus dos hermanos, tomó contacto con el falso abogado y contrató los servicios del acusado, quien aseguró estar matriculado. Para iniciar los trámites, solicitó un adelanto de $1 millón, suma que la familia abonó en efectivo.

El supuesto abogado se reunió con las dos personas condenadas y atribuyéndose ser matriculado, simuló asumir la defensa y les prometió que obtendría su libertad. Les cobró $4 millones más los gastos de cada una de las presentaciones judiciales que debía realizar, lo que acumuló un total de $16.405.000.

Las víctimas, desesperadas por la situación, incluso contrajeron deudas para cubrir los pagos. En agosto de 2024, el acusado les aseguró que había iniciado una demanda contra los abogados anteriores y que obtendrían un resarcimiento de $88 millones.

Como parte del fraude, un cómplice se comunicó con los afectados haciéndose pasar por fiscal para reforzar la estafa y alentarlos a pedir nuevos préstamos para afrontar los supuestos gastos que requería la libertad “con tobillera electrónica” de los detenidos.

El engaño quedó al descubierto cuando una persona que les había prestado dinero alertó a los familiares sobre la verdadera identidad de M.A.L., que no era abogado. El fiscal jefe le atribuyó por estas conductas el delito de estafa en concurso ideal con usurpación de título, todo en carácter de autor.

La fiscalía presentará en el juicio pruebas que incluyen declaraciones de testigos, informes de peritos y efectivos policiales y peritajes de dispositivos electrónicos secuestrados al imputado. Tras la decisión judicial, la Oficina Judicial definirá en los próximos días la fecha del debate oral.

Con la resolución adoptada por el magistrado, la Oficina Judicial deberá fijar dentro de los próximos días, la fecha para la realización del debate sobre la responsabilidad penal.