El titular de Meopp ART Mutual y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó una dura advertencia sobre la sostenibilidad del sistema de riesgos del trabajo. A pesar de su eficacia en la prevención y atención de accidentes, la creciente litigiosidad amenaza con desbalancearlo. “Preservar este sistema no es sólo una cuestión técnica. Es una decisión estratégica para proteger el capital humano del país”, afirmó.

El sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) argentino atraviesa una etapa crítica. Así lo advirtió Marcelo Rucci, presidente de Meopp ART Mutual y dirigente sindical de peso en la Patagonia, quien denunció una creciente judicialización que pone en jaque la estabilidad de un sistema que, según sus palabras, “ha demostrado ser una herramienta eficaz en la protección de la salud laboral”.

Desde su creación, el sistema de ART salvó más de 19.000 vidas y evitó cerca de 4 millones de accidentes, cifras que, para Rucci, evidencian su éxito. “Ofrece asistencia médica inmediata, rehabilitación, recalificación profesional y prestaciones económicas actualizadas”, valoró. Pero no dudó en alertar sobre una “amenaza silenciosa pero profunda”: el avance sin freno de la litigiosidad.

Una paradoja peligrosa

“El sistema enfrenta una paradoja evidente: mientras los índices de siniestralidad caen de forma sostenida, los juicios se disparan”, alertó Rucci. En 2023, se alcanzó un índice de judicialidad de 114,2 juicios cada 10.000 trabajadores. “Es una cifra alarmante, muy superior a la de otros países con sistemas comparables como España o Chile”, comparó.

Pero lo que más preocupa, según el dirigente, es que “el 88% de estas demandas corresponde a casos sin incapacidad real o enfermedades no listadas”. Es decir, se trata de reclamos que, en gran parte, no responden a situaciones genuinas de afectación laboral.

Indemnizaciones millonarias y sistema en tensión

Rucci puso el foco también en las consecuencias económicas de este escenario. “En muchas jurisdicciones, los tribunales aplican criterios de actualización y tasas de interés que multiplican los montos indemnizatorios de forma desproporcionada”, denunció. Como ejemplo, mencionó que “existen casos en los que una suma original de $200.000 termina, años después, convertida en un juicio por más de $30 millones”.

Este tipo de fallos, según el presidente de Meopp ART, genera un clima de “incertidumbre y presión financiera creciente” para las aseguradoras, que deben adaptar sus estructuras de costos de manera constante. “Esto afecta la previsibilidad y pone en tensión la sostenibilidad del sistema”, sostuvo.

Un llamado a ordenar el componente judicial

“No se trata de negar el acceso a la justicia, sino de ordenar el componente judicial para que responda a criterios objetivos y no a desvíos que terminan desnaturalizando el propósito del sistema”, explicó Rucci. En este sentido, remarcó la necesidad de implementar de manera plena los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la Ley 27.348.

“Estos organismos, conformados por profesionales seleccionados por concurso y con honorarios fijos, aportan evaluaciones objetivas y homogéneas. Donde se implementaron, los niveles de litigiosidad descendieron de forma marcada”, aseguró.

Provincias en falta

A pesar de que la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo en 2017 estableció la creación de estos cuerpos en cada jurisdicción, la medida aún no se implementó plenamente. Rucci fue categórico al respecto: “Es fundamental que las provincias, a través de sus poderes judiciales, avancen con la conformación de estos cuerpos, tal como fue aprobado por sus respectivas legislaturas”.

Y advirtió: “La falta de acción podría generar consecuencias graves para la estructura productiva del país”.

Recuperar el círculo virtuoso

Para el sindicalista y presidente mutual, el camino es claro: “Es tiempo de recuperar el círculo virtuoso: prevención, cobertura efectiva, procedimientos ágiles y costos razonables. Un sistema que brinde certezas al empleador y soluciones concretas al trabajador”.

La judicialización sin sustento, insistió, lejos de mejorar la situación, la empeora. “Judicializar por judicializar no mejora la salud laboral. Por el contrario, la pone en riesgo”, subrayó.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

Finalmente, Rucci apeló a la responsabilidad institucional de todos los actores del sistema: aseguradoras, trabajadores, empleadores y, en especial, el Poder Judicial. “Defender lo que funciona implica también corregir los desvíos que lo amenazan. Preservar la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo no es sólo una cuestión técnica. Es una decisión estratégica para proteger el capital humano del país”, concluyó.