Las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del país podrían quedarse en los próximos días sin el servicio de comida debido a un conflicto con las empresas proveedoras en las distintas unidades por una deuda que el Gobierno Nacional arrastra por más de 4.000 millones de pesos.

Fuentes del sector consultadas por Noticias Argentinas aseguraron que esas firmas se ven obligadas a seguir prestando el servicio, a pesar de que la irregularidad en los pagos “comenzó hace siete meses y que hace 90 días que no facturan”. “Se trata de una crisis sin precedentes en, al menos, los últimos 30 años”, precisaron, al tiempo que indicaron que en las cárceles del SPF son “siete” las firmas encargadas de abastecer de comida a las personas privadas de su libertad.

“Hay un incumplimiento de contrato por parte del Estado y encima las empresas no pueden dejar de brindar el servicio de comida porque se les puede iniciar una causa penal por abandono de persona. Tampoco pueden rescindir los contratos. Y es más, algunos vínculos ya vencieron pero a pesar de ello tienen que seguir brindando el servicio”, remarcaron.

En la actualidad hay 13.039 personas detenidas en prisiones federales, lo que representa una sobrepoblación carcelaria del 8 por ciento de acuerdo a datos oficiales. Ante esta circunstancia, sumada a la delicada coyuntura económica y la deuda en el pago del servicio, las empresas proveedoras se vieron obligadas a financiarse a tasas exorbitantes, lo que provocó que se encuentren al borde de la quiebra, revelaron allegados a esas firmas.

En consecuencia, señalaron que es posible que varias unidades penitenciarias se queden sin alimentos y que las personas detenidas vean afectado su derecho de alimentación.