En una medida reciente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Esta resolución, formalizada bajo la Resolución General N° 5545/2024, tiene como objetivo principal reducir la carga administrativa y burocrática para los contribuyentes, en un contexto de simplificación de trámites promovido por el Gobierno nacional.

A partir de ahora, los propietarios ya no estarán obligados a declarar los contratos de locación ante el fisco, excepto si desean mantener ciertos beneficios fiscales. Estos incluyen ventajas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias, Bienes Personales, y Ganancias. Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes deberán registrar sus contratos en el servicio RELI de la AFIP antes del 30 de septiembre de 2024 o dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato.

La derogación de esta obligación forma parte de un paquete de medidas orientadas a desregularizar la actividad y simplificar la relación entre el Estado y los ciudadanos. No obstante, esta decisión ha generado inquietud en el sector de los inquilinos. Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, advirtió que la medida podría dificultar a los inquilinos la posibilidad de deducir el Impuesto a las Ganancias, ya que muchos propietarios no emiten facturas y ahora tampoco están obligados a registrar los contratos.

La resolución también implica cambios significativos en otros aspectos fiscales. Por ejemplo, la AFIP eliminó la necesidad de adjuntar el contrato de alquiler en el servicio SiRADIG para deducir parte de los pagos de alquiler en el Impuesto a las Ganancias, simplificando así el proceso para los empleados en relación de dependencia.

Estas modificaciones se producen en un contexto de cambios más amplios en la normativa fiscal y administrativa, que incluye la derogación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) y de varias resoluciones que complicaban el comercio exterior.

A medida que se implementan estas nuevas disposiciones, persisten las dudas sobre su impacto real en el mercado de alquileres y en los derechos de los inquilinos, quienes podrían enfrentar mayores desafíos para acceder a ciertos beneficios fiscales en un entorno cada vez más desregulado​.