Ayer comenzó uno de los juicios más esperados en la provincia por la explosión en la escuela de Aguada San Roque, que cobró la vida de la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi. Durante la primera jornada, el abogado Darío Kosovsky, quien representa a las familias de las víctimas, ofreció un crudo análisis de lo que llamó «una película completa» de negligencias y omisiones que llevaron a la tragedia.
Kosovsky explicó que el juicio no se centra únicamente en los segundos previos a la explosión, sino en un contexto más amplio que involucra la planificación y ejecución de la obra pública en la escuela. Según el abogado, la construcción estuvo plagada de irregularidades, incluyendo trabajos clandestinos y fallas en las cañerías de gas, que pasaron desapercibidos debido a la falta de controles por parte de los funcionarios públicos encargados.
«Este es un caso de corrupción«, sentenció Kosovsky, agregando que la escuela fue certificada como finalizada tres meses antes de la explosión, con pruebas de seguridad que, en realidad, nunca se realizaron. A pesar de estas graves fallas, la empresa encargada de la obra recibió el pago total, un hecho que el abogado calificó como inadmisible.
La defensa, por su parte, ha intentado trasladar la responsabilidad a la directora de la escuela, argumentando que ella debería haber evitado la presencia de personas el día del incidente. Kosovsky calificó esta estrategia como «paradójica y contradictoria», subrayando que la verdadera responsabilidad recae en los funcionarios y en la empresa que ejecutó la obra.
El abogado también señaló que, aunque las fallas en las instalaciones de gas son innegables, el enfoque del juicio está en la inacción de aquellos que debieron prevenir la tragedia. «¿Dónde estaban los funcionarios cuando las cañerías no se sellaban correctamente?», cuestionó.
En los próximos días, el juicio contará con el testimonio de varios testigos, incluidos funcionarios y técnicos que participaron en la construcción y supervisión de la obra. Según Kosovsky, estos testimonios serán cruciales para demostrar cómo se permitió que una obra tan defectuosa llegara a su trágico desenlace.
La expectativa es que el juicio revele un patrón de negligencia y corrupción que, según el abogado, podría ser común en otras obras públicas. «Muchos directores de escuelas y docentes también declararán sobre la falta de inspecciones y los riesgos que enfrentan las instalaciones educativas en la provincia», anticipó.
La comunidad educativa y las familias de las víctimas esperan que este juicio marque un antes y un después en la forma en que se gestionan y supervisan las obras públicas en Neuquén. La demanda de justicia no solo se enfoca en las tres vidas perdidas, sino en evitar que tragedias como esta se repitan.
