El proceso judicial, que conmocionó a la provincia de Neuquén, responsabilizó a cinco personas por estrago culposo agravado con resultado de muerte y otros delitos. Las víctimas fueron los operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés, quienes fallecieron en el acto, y la docente Mónica Jara, quien murió 12 días después debido a graves quemaduras.
La decisión de mantener las fechas programadas responde a la logística del juicio. La fiscalía explicó que adelantarlo a diciembre, como solicitaban los querellantes, dificultaría la participación de testigos por la cercanía con las fiestas de fin de año. Así lo confirmó Gastón Liotard, fiscal jefe de Cutral Co.
En septiembre, el tribunal conformado por Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo dictó el fallo unánime que declaró culpables a los funcionarios Raúl Capdevilla, Carlos Córdoba y Sergio Percat, junto a los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni. Entre los cargos también figuran administración fraudulenta y falsificación de documentos. Roberto Deza, exsubsecretario de Obras Públicas, fue absuelto.
Durante el juicio, se destacó que la explosión ocurrió porque las obras de gas y calefacción no estaban terminadas ni habilitadas. Los jueces rechazaron los intentos de la defensa de culpar a la directora del establecimiento, Martha Báez, argumentando que cumplió con las disposiciones del Consejo Provincial de Educación.
El fallo incluyó testimonios clave que revelaron un entramado de irregularidades en las contrataciones estatales y la negligencia de los responsables. Sin embargo, algunas voces, como la de Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, consideraron insuficiente el alcance de las condenas, señalando que las responsabilidades políticas no fueron juzgadas.
La familia de Mónica Jara, liderada por su madre Norma Albarrán, expresó su frustración por los tiempos judiciales. La mujer consideró que tener que esperar al año que viene para conocer las condenas es seguir dilatar su dolor. Trascendió que enviaron una nota al Tribunal Superior de Justicia solicitando el adelantamiento del juicio de cesura para evitar la angustia de atravesar las fiestas sin un cierre judicial.
El sindicato ATEN, querellante en la causa, acompañó a las familias de las víctimas durante el proceso. Guagliardo destacó la gravedad del caso y enfatizó que la sentencia debe servir como un llamado de atención para evitar tragedias similares en el futuro.
A pesar del dolor irreparable, las familias y las organizaciones docentes esperan que el juicio marque un precedente histórico en Neuquén. La audiencia de cesura será crucial para determinar las penas que enfrentarán los cinco condenados, cerrando un capítulo en un caso que expuso las falencias en la gestión de obras públicas y la falta de controles efectivos.
