Según Barbitta, la imparcialidad del juez Ercolini está en duda, y esa cuestión aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Fernández considera que el llamado a indagatoria es nulo porque proviene de una autoridad judicial cuestionada. En el escrito presentado, la abogada señala que los déficits de precisión en la acusación afectan no solo el aspecto temporal, sino toda la imputación contra el expresidente, lo que justifica la suspensión.

Otro de los puntos que destaca la defensa es la falta de claridad en la acusación, que implica a Fernández en un supuesto esquema de corrupción vinculado a los seguros contratados por organismos del Estado. Según el escrito de Barbitta, la acusación no detalla de manera precisa el rol del exmandatario, quien asegura haber estado ajeno a la introducción de intermediarios en las contrataciones.

El expresidente, según su defensa, no conocía a la mayoría de las personas con las que comparte imputación, y sostiene que las medidas de intermediación en seguros ya estaban establecidas antes de la firma de su decreto que obligaba a la contratación a través de brokers. Además, se menciona a Héctor Martínez Sosa, amigo cercano de Fernández y pareja de su exsecretaria, María Cantero, quienes también están citados a declarar.

La indagatoria de Fernández, originalmente programada para el 20 de noviembre, fue pospuesta para el 27 de este mes por un pedido de la fiscalía. En paralelo, para este jueves están citados Martínez Sosa y María Cantero en el marco de la misma causa. A su vez, se mantiene pendiente un total de 38 indagatorias en la causa, que involucra a otros exfuncionarios y miembros de la empresa Nación Seguros S.A., entre ellos, Alberto Pagliano, expresidente de la compañía, y varios exfuncionarios de la entidad.

La imputación en la causa señala que Fernández y los demás involucrados habrían participado de un esquema de «recaudación y distribución de fondos públicos» a través de un irregular direccionamiento en la contratación de seguros para distintos organismos del Estado. La acusación sostiene que se interfirió en la intermediación de seguros mediante la contratación de brokers privados, lo que habría favorecido a empresas y personas vinculadas con los imputados.

Este caso forma parte de una investigación que busca esclarecer un presunto esquema de corrupción vinculado a contratos de seguros, en el que se apunta a un manejo irregular de fondos públicos. El proceso judicial sigue su curso, mientras la defensa de Fernández busca suspender su indagatoria, alegando irregularidades en la acusación y en la imparcialidad de los jueces involucrados.