El paro que los trabajadores de la Dirección de Población Judicializada llevan adelante hace 11 días, tras un violento incidente ocurrido en Cutral Co, ha generado un conflicto que impacta directamente en los derechos de las personas privadas de libertad. La Defensora Pública Luciana Petraglia informó en entrevista con Noticias 7 que el Ministerio Público de la Defensa está tomando medidas para que los jueces evalúen cada caso y así resolver situaciones específicas de los detenidos mientras se mantenga el paro.
La Dirección de Población Judicializada cumple varias funciones, entre ellas, la elaboración de informes criminológicos necesarios para que los internos puedan acceder a beneficios como salidas transitorias, libertad condicional y prisión domiciliaria. También se encarga del seguimiento psicológico y social de quienes están en régimen penitenciario o bajo libertad asistida. Este paro, sin embargo, ha detenido la confección de dichos informes, afectando a 734 personas detenidas en la provincia, entre procesados y condenados, además de aquellos en libertad condicional y domiciliaria.
Los informes criminológicos son esenciales para que los jueces otorguen beneficios a los detenidos, según explicó Petraglia en diálogo con Noticias 7. La suspensión de su elaboración limita la progresividad del régimen penitenciario, dificultando así el cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal y de compromisos internacionales que Argentina ha asumido en materia de derechos humanos. Petraglia señaló que este retraso afecta sobre todo a aquellos detenidos que cumplen con los requisitos para acceder a una progresión de régimen y que, de no resolverse pronto, la situación podría incrementar la ya elevada sobrecarga y emergencia del sistema penitenciario.
En relación al conflicto, Petraglia enfatizó que, si bien los trabajadores tienen derecho a reclamar y realizar medidas de fuerza, el Estado debería prever mecanismos que protejan también los derechos de los detenidos. Esto se traduce en una tensión entre los derechos laborales de los trabajadores y los derechos de las personas privadas de libertad, quienes dependen de los informes de Población Judicializada para obtener avances en sus beneficios.
La defensora pública también destacó que los jueces tienen alternativas para evaluar los casos de los detenidos sin esperar los informes criminológicos. Sugirió que podrían valerse de información relevante, como calificaciones, participación en talleres, comportamiento y declaraciones de jefes penitenciarios, para tomar decisiones justas en beneficio de los internos, sin necesidad de esperar que se reanude el trabajo en la Dirección de Población Judicializada. “Es importante que los jueces garanticen derechos con la información disponible, sin perjudicar a los trabajadores que están de paro”, señaló.
Petraglia también subrayó que la carencia de informes podría repercutir en el exterior. Los equipos de liberados no están completando el seguimiento a quienes están en libertad condicional o domiciliaria, lo cual plantea riesgos de descontrol y posibles consecuencias en el ámbito de la seguridad pública. La Defensora señaló que ya se venía arrastrando un retraso de hasta dos meses en la confección de estos informes, por lo que la situación actual agrava la ya precaria estructura de seguimiento y control de Población Judicializada.
En uno de los casos particulares, un interno de la U11 tuvo que presentar varios recursos legales a través de su abogado para exigir que la Dirección completara su informe. El detenido, que cumple con los requisitos necesarios para obtener una salida transitoria, sigue a la espera de una audiencia mientras el paro se prolonga, generando gran angustia en él y en otros en situación similar.
Por otro lado, el Consejo de la Magistratura ha instado a los jueces a considerar los derechos de las personas privadas de la libertad y a utilizar los recursos disponibles para tomar decisiones informadas. Petraglia considera que los jueces tienen suficiente información alternativa para emitir resoluciones y deberían emplear su criterio para evaluar cada caso, sin depender exclusivamente de los informes criminológicos. Esto, remarcó, evitaría la posibilidad de generar enfrentamientos entre los detenidos y los trabajadores en paro, quienes también están ejerciendo sus derechos laborales.
La Defensora subrayó que, aunque algunos jueces opten por no resolver casos sin los informes, los detenidos no deberían ser afectados por una situación que no está en sus manos. “El Estado debe garantizar la justicia de forma imparcial”, insistió, al tiempo que lamentó el clima de incertidumbre en el que se encuentran cientos de internos. Finalmente, comentó que desde el Ministerio Público de la Defensa están evaluando nuevas estrategias para presentar reclamos que aborden esta situación, sin que ello implique conflictos o presiones indebidas hacia los trabajadores en huelga.
La situación refleja la complejidad de los conflictos que atraviesan las instituciones penitenciarias y cómo las decisiones de algunos sectores pueden repercutir en los derechos fundamentales de aquellos bajo su jurisdicción. Petraglia concluyó la entrevista exhortando a que se valore el impacto de esta situación en la sociedad, ya que la rehabilitación y el tratamiento adecuado de las personas privadas de libertad es clave para su reinserción social, lo que afecta a la comunidad en su conjunto.
