La muerte de Matías, el joven neuquino asesinado en Bolivia, vuelve a poner en discusión las dificultades que atraviesan los ciudadanos argentinos para acceder a la salud en ese país (y en otros), a contraparte de la atención que se brinda en los hospitales de nuestro país a quien la requiera.

Matías agonizó en la puerta de un hospital en Oruro, Bolivia, con una puñalada en el pecho. No fue el primer caso, sin ir más lejos, en julio del 2022 el salteño Alejandro Benítez, murió en el mismo país tras sufrir un accidente con su moto y no recibir la atención médica necesaria debido a la exigencia del personal de salud a que pague por adelantado con pesos bolivianos en lugar de hacerlo con pesos argentinos.

«Estos argentinos…», fue uno de los destratos que recibió Florencia, la novia de Matías, mientras rogaba atención para su pareja. «Nos trataron de drogadictos, no nos quisieron prestar siquiera un teléfono para pedir ayuda», gritaba ella, dando cuenta que el problema va más allá de lo estrictamente sanitario. El enfermero que llegó en la ambulancia se apresuró a afirmar que no lo iban a atender en ningún hospital, por más que Matías todavía tenía signos vitales.

En el año 2019, luego de otro caso paradigmático en que un Argentino residente en Bolivia no pudo costear los gastos de su atención médica tras sufrir un ACV, se firmó un convenio de reciprocidad entre los gobiernos. El mismo dejó de cumplirse por parte del Estado Plurinacional luego del último golpe de estado. Sin embargo, luego de la asunción de Luis Arce como presidente, el 4 de julio del 2023, el Ministerio de Salud de la República Argentina y el Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron un nuevo acuerdo sobre Reciprocidad para la Asistencia Médica en los establecimientos del sistema público.

En contrapartida, los datos que se registran -prepandemia- indican que en los hospitales de Salta y Jujuy la atención a pacientes bolivianos oscila entre el 8 y 20%, del movimiento general del nosocomio. En ese entonces las autoridades sanitarias de Jujuy denunciaron que en la capital de la provincia se recibía “turismo de salud”, mientras que del otro lado los argentinos sufrían un «trato injusto y deshumanizado».