Mientras la reforma política del Gobierno, que incluía como eje medular la eliminación de las PASO, entró en un terreno pantanoso e incierto, la Cámara de Diputados avanzará por cuerda separada temas que también estaban contenidos en ese paquete como la ley de “ficha limpia” y la regulación del voto de argentinos residentes en el exteriores.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, está convocado para celebrar una reunión informativa el próximo martes 6 de agosto a las 14 hs, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.

De esta manera, volverán a ponerse sobre la mesa de debate los proyectos de ley de “Ficha Limpia” para que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan presentarse como candidatos en elecciones democráticas.

Para discutir modificaciones a la Ley 23.298 (Ley Orgánica de los Partidos Políticos) serán citados especialistas que volcarán sus opiniones sobre el tema en cuestión.

La decisión de impulsar estos proyectos responde a un acuerdo político con el PRO, que a través de su presidente de bloque, Cristian Ritondo, viene insistiendo para que se ponga en agenda esta temática, con varios proyectos de ley presentados en ese sentido.

Pero el partido amarillo no es el único espacio político interesado en avanzar con una ley de Ficha Limpia: también hay iniciativas presentadas por la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza.

Más allá del interés de otras fuerzas políticas para encaminar el tratamiento de esta iniciativa, el propio presidente Javier Milei había anunciado su intención de encarar este debate durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado, para la apertura del período de sesiones ordinarias.

En ese discurso anunció que promovería un paquete de leyes “anticasta” entre los cuales se incluía un proyecto para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.

En 2019, la coalición entonces oficialista de Cambiemos había intentado darle media sanción a un proyecto de Ficha Limpia, pero trastabilló por falta de quórum durante una sesión en noviembre.

El tema no se diluyó del todo, dado que los bloques de Juntos por el Cambio siguieron pujando durante los años de Gobierno del Frente de Todos para que la comisión de Asuntos Constitucionales pusiera en agenda el tratamiento de iniciativas de Ficha Limpia.

Los intentos fueron infructuosos, hasta ahora, en que la situación parece haber girado unos cuantos grados a partir de un acuerdo hacia el PRO.

Con la misma intención de sanear el vínculo con la bancada macrista, también se convocó para la misma fecha, a partir de las 16 hs, a un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores (ésta última presidida por Fernando Iglesias) para analizar siete proyectos referidos al voto de los argentinos que residen en el exterior.

Algunas iniciativas proponen la modificación de la Ley 24.007 (1991) de creación del Registro de Electores Residentes en el Exterior. Otras, en tanto, sugieren la derogación total de la norma y reemplazarla por una ley nueva.

El proyecto del PRO incorpora el voto postal, que se había implementado por DNU durante la administración de Mauricio Macri (Cambiemos), pero que luego fue dejada sin efecto por Alberto Fernández (Frente de Todos).

En las elecciones de 2021, efectivamente, se reestableció el sistema por el cual únicamente es posible votar en las mesas de sufragio establecidas principalmente en consulados argentinos.

Estas concesiones al bloque presidido por Cristian Ritondo, tanto la ley de ficha limpia como el voto a residentes en el exterior, sucede luego de que el 16 de julio pasado el propio presidente de la bancada amarilla y la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici, redoblaran la presión sobre el oficialismo a través de una carta dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el escrito les enrostraron el esfuerzo realizado “arduamente” por el PRO para “impulsar las transformaciones que el país necesita”, y le exigieron “una favorable y pronta respuesta” al pedido para tratar una agenda de 15 iniciativas “históricamente impulsadas” por ellos.

Claramente, el mismo pedido pudo haber sido tramitado de forma privada y reservada, mediante un llamado telefónico o reunión presencial, pero la decisión política fue hacer público el malestar para marcar la cancha.

Apenas sucedido este episodio de la carta, Menem convocó a Ritondo a un encuentro privado para aquietar las aguas, y hubo un diálogo correcto. Sin embargo, la tensión quedó flotando en el aire.

Durante el transcurso de la semana posterior, el Gobierno presentó primero un proyecto de juicio en ausencia, con el aniversario del atentado a la AMIA como telón de fondo, seguido de un proyecto de baja de la edad de imputabilidad, y finalmente una reforma electoral y una iniciativa de “ficha limpia”.

Se trata en todos los casos, efectivamente, de proyectos ya presentados por el PRO, por lo que se infiere que el descontento en la bancada presidida por Ritondo tiene que ver con una sospecha de que el Gobierno busca adueñarse de esa agenda, en lugar de reconocerle los “derechos de autor” a los diputados amarillos (y trabajar sobre los proyectos ya presentados en lugar de enviar iniciativas similares del Poder Ejecutivo).