A través de la Resolución 147/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó los requisitos que deberán cumplir las estaciones de servicio que deseen implementar el sistema de autodespacho de combustible. La iniciativa apunta a reducir costos operativos, agilizar el servicio y ofrecer mayor autonomía a los usuarios.
El nuevo régimen permitirá que los conductores puedan cargar combustible sin intervención directa del personal, bajo estrictas condiciones de seguridad, monitoreo y supervisión remota. Esta modalidad, ya aplicada en países como Estados Unidos, Chile y Uruguay, busca modernizar el sector y mejorar la eficiencia en las estaciones de servicio del país.
Según establece la normativa, la Subsecretaría de Combustibles Líquidos, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de autorizar y fiscalizar la implementación del sistema. Las estaciones interesadas deberán presentar documentación técnica detallada, incluyendo un certificado de auditoría de seguridad, los planos de distribución, y la modalidad operativa que planean aplicar.
Uno de los requisitos fundamentales será contar con una cabina de control desde donde un operador pueda supervisar el proceso y detener los surtidores de manera remota ante cualquier emergencia. Además, se exige la instalación de dispositivos de corte de emergencia, señalización visible con prohibiciones de fumar, y mangueras de no más de 3,5 metros de longitud para evitar riesgos de sobrellenado o derrames.
Aunque el objetivo es que el personal cumpla un rol más enfocado en la vigilancia, las estaciones deberán contar con supervisores presentes para asistir a los usuarios en caso de incidentes.
YPF ya comenzó una prueba piloto en la Ciudad de Buenos Aires, lo que anticipa una posible expansión del sistema a nivel nacional. A su vez, se anunció que se publicará un listado oficial de estaciones autorizadas, que será actualizado periódicamente en el sitio web de la Subsecretaría, garantizando transparencia y control para los consumidores.
El incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones económicas y clausuras preventivas, tanto para las estaciones como para las entidades auditoras, que deberán garantizar el cumplimiento de todas las medidas exigidas.
