El abogado querellante, Leandro Aparicio, que ha estado al frente de la lucha por justicia en este caso, explicó a Noticias 7 que, aunque se lograron avances significativos, la situación aún está lejos de resolverse. «La conclusión es que hubo una gran impunidad desde el primer momento», afirmó, destacando el rol fundamental que desempeñó la familia Solano, junto con el trabajo del abogado Sergio Heredia, oriundo de Salta, quien también sufrió amenazas durante el proceso.
El asesinato de Daniel Solano tiene sus raíces en una explosiva denuncia laboral. Solano, trabajador en la empresa Agrocosecha, había comenzado a cuestionar las condiciones laborales y la estafa que afectaba a él y a otros 300 trabajadores. La denuncia señala que la empresa, junto con la complicidad de la policía local, fue responsable de la desaparición de Solano como represalia por sus reclamos. Aparicio sostiene que de no haber sido por la sólida postura de la querella y de no haber bajado los brazos, a pesar de las amenazas y fuerte presión que sufrieron de los gobiernos provinciales de la zona, no habrían llegado a ningún resultado; y menos aún lograr la condena de siete policías.
Un nuevo protagonista: el policía Vega
En este contexto, el policía Vega aparece como un actor clave en la trama. Según la investigación, fue Vega quien marcó a Solano en el boliche Agrocosecha, lo que permitió a otros policías sacarlo del lugar de forma violenta. Este hecho, confirmado por testigos que lo ubicaron en el boliche aquella noche, refuerza la teoría de que la desaparición de Solano no fue un hecho aislado, sino el resultado de un entramado de corrupción que involucró tanto a las fuerzas de seguridad como a las empresas locales.
La razón detrás de la desaparición de Solano, según el abogado, fue un «escarmiento»: «Se decidió dar un ejemplo con Daniel para que los demás trabajadores no reclamaran por sus derechos», sostuvo. Además, subrayó que no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de explotación laboral y trata de personas. De acuerdo a la querella, Solano, al igual que otros trabajadores, fue estafado por Agrocoscha, recibiendo menos de la mitad del salario que le correspondía.
A pesar de los avances, la justicia aún no ha logrado resolver todas las aristas del caso. Si bien siete policías fueron condenados en 2018, aún queda pendiente la responsabilidad de Vega, quien, según los testimonios, fue quien indicó a Solano como objetivo de represalia. A pesar de las pruebas, Vega no ha sido detenido, lo que genera sospechas de impunidad por parte del gobierno de Río Negro, que ha sido acusado de proteger tanto a los policías como a las empresas implicadas.
El abogado querellante comentó que la causa sigue avanzando, aunque de manera lenta y con múltiples obstáculos. «Todavía falta la parte empresarial, los directivos de Agrococecha y Expofrut, y eso sigue siendo un desafío pendiente», explicó. La querella sigue luchando para que todos los responsables, no solo los policías, sean llevados ante la justicia.
A lo largo de estos años, el abogado Sergio Heredia ha sido un firme defensor de la familia Solano, aunque no sin consecuencias. Según el testimonio del abogado, Heredia recibió amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a las empresas involucradas en el caso. Esta situación llevó a que Heredia recibiera custodia de gendarmería durante tres años.
“Si seguimos investigando, nos matan”, fue una de las amenazas más contundentes que recibió Heredia, quien, junto con la familia de Solano, se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos legales y sociales.
El papel de las empresas involucradas
El caso de Daniel Solano no es solo una tragedia personal, sino también una denuncia a un sistema corrupto que involucra a empresas agrícolas de la región y su relación con las fuerzas de seguridad. Según la querella, Solano no fue solo una víctima de violencia policial, sino de una explotación laboral que afectó a cientos de trabajadores en la misma situación.
“Solano y sus compañeros fueron estafados. Trabajaron jornadas largas, sin los pagos correspondientes, y cuando reclamaron, se les hizo pagar con su desaparición”, explicó el abogado, señalando que Agrococecha y Expofrut son responsables, aunque hasta el momento no han sido procesados por estos crímenes.
Aunque la causa sigue abierta y los avances judiciales son alentadores, el proceso está lejos de terminar. La querella continúa luchando por que todos los responsables, incluidos los empresarios y funcionarios públicos que han protegido a los agresores, sean finalmente juzgados.
“Vamos a seguir luchando hasta que toda la verdad salga a la luz y todos los responsables paguen por lo que hicieron”, afirmó el abogado, confiado en que las pruebas seguirán acumulándose, aunque reconoció que el poder político y judicial de la provincia de Río Negro sigue siendo una barrera a superar.
El caso Solano es un recordatorio de cómo la impunidad puede prevalecer durante años, pero también de la perseverancia de quienes luchan por justicia. La familia de Daniel Solano, junto con su equipo legal, sigue comprometida en la búsqueda de verdad y justicia.
