El proceso judicial se centra en dos funcionarios cordobeses: el entonces director de la Policía de la Zona Sur y su segundo jefe, quienes habrían actuado en cumplimiento de normativas que restringían la circulación. La carátula incluye los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y mal desempeño en sus funciones.

Pablo Musse, en declaraciones en Radio 7, expresó su descontento con la resolución: “No estamos conformes con la elevación a juicio. Es un paso, pero insuficiente”, afirmó, destacando que aún falta investigar a otras autoridades, como el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el entonces jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

El caso de Solange ganó relevancia nacional en plena pandemia cuando, gravemente enferma, escribió una carta que se viralizó pidiendo que “se respeten los derechos humanos de las personas”. Su padre no logró superar las barreras sanitarias impuestas, pese a contar con los permisos necesarios, y Solange falleció sin poder despedirse de él.

La confirmación del juicio también reaviva el debate sobre las medidas sanitarias extremas adoptadas durante la pandemia. En este contexto, se investigará si el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Alberto Fernández en 2020 violó derechos constitucionales, lo que podría sentar un precedente judicial importante en casos similares.

Musse recordó que, mientras a él se le impidió el paso, «otros, como el exgobernador Gutiérrez, trasladaron familiares en aviones privados sin restricciones”, lo que subrayó como una desigualdad flagrante en la aplicación de las normativas.

El dolor de la familia sigue latente. Pablo Musse aseguró: “Prometimos justicia a Solange, y no vamos a parar”. Si bien considera un avance la elevación a juicio, destacó que el mismo juez que ahora da lugar a esta instancia había dictado la falta de mérito dos años atrás.

La causa también apunta a exponer las contradicciones y excesos de poder cometidos durante el manejo de la pandemia, según indicó Musse: “Esto no es solo por Solange; es por todas las familias que pasaron por lo mismo”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso mantiene un impacto social profundo, siendo un símbolo del sufrimiento causado por medidas restrictivas extremas que, en algunos casos, superaron los límites de lo razonable y legal.

La comunidad aguarda con expectativa el inicio del juicio, que aún no tiene fecha confirmada. Para los familiares, es fundamental que se esclarezcan los hechos y se haga justicia no solo por Solange, sino también para marcar un precedente contra los abusos de autoridad ocurridos durante la pandemia.

Mientras tanto, Pablo Musse continúa visibilizando el caso y exige respuestas: “No voy a callarme hasta que obtengamos justicia real”, afirmó con firmeza.