
La jueza de garantías Carolina González hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y ordenó el cese inmediato de actividades de desmonte, desmantelamiento y retiro de bienes en el Cerro Chapelco, ubicado en San Martín de los Andes, tras una denuncia por presunto daño ambiental en una zona de bosques protegidos.
El requerimiento fue presentado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, a cargo de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, y tiene como eje dos hechos que se encuentran bajo investigación. El primer hecho ocurrió el 15 de marzo, cuando guardafaunas provinciales advirtieron sobre la tala de 71 árboles de lenga en una zona de bosque clasificada como “amarilla”, de conservación media, donde cualquier intervención requiere autorización expresa. El área intervenida, según se constató en un allanamiento realizado cinco días después, habría sido utilizada para abrir una pista de esquí de aproximadamente 750 metros de largo y 8 de ancho.
El MPF indicó que no hay constancia de que las actividades cuenten con permisos compatibles con la legislación ambiental vigente, tanto nacional como provincial.
El segundo hecho fue denunciado el 27 de marzo por la Fiscalía de Estado de la provincia. Según se informó, la empresa concesionaria Nieves del Chapelco S.A. habría vertido efluentes cloacales sin tratamiento en el suelo tras la rotura deliberada de cañerías en el “Parador Rancho Grande”. También se denunció el retiro de módulos sanitarios en varios sectores, lo que dejó caños expuestos, sin protección, afectando el ambiente y potencialmente a la comunidad mapuche Curruhuinca, ubicada aguas abajo en Payla Menuco.
Un informe del Ministerio de Turismo provincial advirtió además sobre un “inminente riesgo de incendio”, producto del desmantelamiento del sistema eléctrico del cerro y la presencia de cableado visible sin protección.
La medida cautelar dictada por la jueza incluye el cese de todo desmonte y retiro de bienes en el Complejo Cerro Chapelco. Además, la notificación a la empresa Nieves del Chapelco S.A. en su sede local y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Policía provincial y federal.
La medida se mantendrá vigente mientras duren las condiciones que la motivaron, o hasta una nueva resolución judicial.