A partir de una orden del Tribunal de Impugnación, un juez de garantías limitó los embargos que originalmente se habían trabado hasta cubrir U$ 7 millones sobre los principales responsables de la empresa Comarsa, en el marco de una investigación por contaminación ambiental, al pago de la multa prevista para el delito. El nuevo monto, de acuerdo con la normativa, se limita a $200 mil pesos.
Durante la audiencia realizada este viernes, tanto el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid como los abogados en representación de las querellas –Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Asociación de Abogados Ambientalistas- se opusieron al desarrollo de la audiencia, en tanto que respecto de los embargos sobre los bienes de los imputados hay un recurso extraordinario pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia.
El fiscal Breide Obeid aclaró que se interpuso “un recurso ordinario por la interpretación que hacen dos jueces (Trincheri y Martini) sobre algo que nadie les pidió (adecuar el monto de las multas). No estamos de acuerdo, así que no vamos a pedir nada”, sostuvo. Explicó que el posicionamiento de la fiscalía tiene que ver con mantener la postura de cara a futuras impugnaciones.
Por su parte, el abogado querellante Emanuel Roa Moreno, aclaró que no convalida el accionar del Tribunal de Impugnación y cuestionó que se haya convocado a la audiencia cuando resta que se resuelva el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
Subsidiariamente, el querellante se limitó a tomar posición respecto de adecuar el embargo a las multas: “son personales, por lo que corresponde contemplar el máximo en cada caso”, en referencia a que los abogados defensores peticionaron mantener el monto de $200 mil y dividirlo entre los imputados.
Tras un cuarto intermedio, el juez Lupica Cristo explicó que la cuestión de fondo será resuelta por el Tribunal Superior de Justicia, pero luego, a partir de la orden impartida por Impugnación, resolvió levantar los embargos sobre todos los bienes de Comarsa y sobre los de los imputados J.M.L y H.E.B; limitarlo a 200 mil a cada uno de ellos y sobre sus cuentas bancarias, y ordenar que la tramitación sea a través de la Oficina Judicial.
La causa
Los hechos que investiga la fiscalía ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica y, luego, mediante otras técnicas. Para la fiscalía, esas tareas se cobraron pero no se cumplieron ni se registraron como deudas a cubrir y, según imputó en la formulación de cargos, “esto permitió a la empresa simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.
