Por unanimidad el tribunal de revisión ratificó el embargo por U$D 7 millones de los bienes a la Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima, empresa que se dedicaba a la recuperación de residuos peligrosos.

La empresa estaba ubicada sobre un predio en el parque industrial de Neuquén y la maniobra que investigaba el Ministerio Público Fiscal abarca desde 2014 hasta la actualidad, y es por haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.

En la audiencia, que se realizó el pasado martes, el tribunal integrado por la jueza Carolina García y por los jueces Juan Pablo Encina y Dardo Bordón ratificó los alcances de los embargos que, por pedido del fiscal Maximiliano Breide Obeid y de la asistente letrada Julieta González, impuso otro magistrado la semana pasada.

La medida, además de alcanzar los bienes de la empresa, abarca a los de dos imputados que, teniendo a su cargo la operación de la firma, simularon ganancias por la realización de tratamientos que no se concretaron.

Se trata de J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.

El delito por el que se formularon cargos es el de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).