Comenzó el juicio a Comarsa por contaminación y fraude

El martes se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén una audiencia de control extraordinario por los recursos elevados del Ministerio Público Fiscal y las querellas, sobre el juicio a la Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa). Los hechos que investiga la fiscalía ocurrieron a partir de […]

El martes se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén una audiencia de control extraordinario por los recursos elevados del Ministerio Público Fiscal y las querellas, sobre el juicio a la Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa).

Los hechos que investiga la fiscalía ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa ubicado en el parque industrial de Neuquén. Donde la empresa se había comprometido a recibir y someter a tratamiento a residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica y, luego, mediante otras técnicas.

Pero según la acusación de la fiscalía y la querella contra sus responsables, la empresa recibió materiales por encima de su capacidad de procesamiento y los dejó sin curar. Además se la acusa de que simularon ganancias a los fines de obtener ventajas patrimoniales, contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de la población.

La actividad petrolera convencional y no convencional produce una gran cantidad de residuos con alto grado de contaminación con elementos químicos nocivos, restos de hidrocarburos y hasta material radiactivo (recuperación secundaria o terciaria). El tratamiento de estos residuos abrió una veta de negocios para la instalación de plantas de tratamiento. Es así que se montaron algunas plantas cercanas a Vaca Muerta, y una de ellas fue el predio que abrió Comarsa en Parque Industrial.

Hasta el momento, Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados. Pero en 2014 comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”. En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables.

En marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. Luego en diciembre de 2020, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina (AAdeAA) junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron una denuncia penal por contaminación ambiental contra la empresa.

Pero el 15 de febrero del corriente año en audiencia pública, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, acusó a dos empresarios y un ejecutivo de la compañía por la contaminación provocada por el basurero petrolero. Los imputados por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta son Juan Manuel Luis, fundador y director de la empresa; Héctor Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y enero de 2021; y Federico Ponce, gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y septiembre de 2016.

En cuanto a la acusación por simular ganancias a los fines de obtener ventajas patrimoniales y de los contratos firmados con YPF, se establece que Comarsa tuvo ingresos por 700 millones de pesos que cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y que perdió con el tiempo la capacidad de tratarlo.

A solicitud del ministerio público, el juez de Garantías Mauricio Zabala ordenó el embargo por 7 millones de dólares de las cuentas del dueño y del ex director suplente de la empresa, residentes en provincia de Buenos Aires y la CABA, quienes asistieron a la audiencia en forma virtual. También se les dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización y se declaró la inhibición general de bienes de la empresa.

Aunque en la ultima audiencia que se llevo a cabo el 18 de mayo, a partir de una orden del Tribunal de Impugnación, un juez de garantías limitó a 200 mil pesos, los embargos que originalmente se habían trabado hasta cubrir la suma de 7 millones de dólares, sobre los bienes de los principales responsables de la empresa Comarsa, por el pago de la multa prevista, en el marco de una investigación por contaminación ambiental.

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