Un tribunal resolvió, por decisión unánime, imponer una pena de 8 años de prisión efectiva a un hombre identificado como A.J.C, declarado responsable del abuso sexual de una adolescente ocurrido en julio de 2023 en San Martín de los Andes. Además, se dispuso su inscripción en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).
Detalles del caso
El hecho tuvo lugar en una vivienda donde A.J.C convivía con la madre de la víctima. Según se comprobó en el juicio, el abuso ocurrió durante el receso invernal del año pasado, cuando el condenado ingresó a la habitación de la menor y cometió el delito.
La fiscal del caso, Inés Gerez, junto con la querella institucional, había solicitado una condena de 10 años de prisión, argumentando la gravedad de las secuelas psicológicas sufridas por la víctima y la extensión del daño causado.
Sin embargo, el tribunal, compuesto por los jueces Ignacio Pombo y Federico Sommer, y la jueza Bibiana Ojeda, determinó que solo uno de los hechos imputados había sido probado y, por lo tanto, dictó una pena menor a la solicitada por la fiscalía.
Calificación legal
En su veredicto, el tribunal declaró a A.J.C culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente (artículo 119, tercer y cuarto párrafo, incisos “b” y “f” del Código Penal).
Posturas durante la audiencia
Durante la audiencia de determinación de pena realizada hoy, la fiscal Gerez destacó que el análisis de los hechos demostraba la necesidad de aplicar una condena cercana al máximo previsto por la ley:
«Los indicadores nos llevan a alejarnos del mínimo y considerar que la pena adecuada debe ser de 10 años de prisión», afirmó.
La querella institucional respaldó esta postura, mientras que la defensa del acusado solicitó el mínimo establecido.
El tribunal resolvió imponer una condena de 8 años de prisión efectiva y confirmó la inscripción del condenado en el RiPeCoDIS, una medida que se aplica en todos los casos de abuso sexual.
