En una audiencia que se llevara a cabo hoy será crucial en el caso que investiga la presunta usurpación de tierras en Villa La Angostura, donde el ex basquetbolista Manuel Ginóbili exige que le devuelvan sus tierras que compro años atrás. En el otro lado de la vereda están las comunidades de pueblos originarios en defensa de sus tierras ya que sostienen que ese sector pertenece a su comunidad. La situación ha suscitado un intenso debate sobre los derechos de propiedad y las demandas de las comunidades originarias.
La audiencia de control de acusación será presidida por el juez Juan Pablo Balderrama, quien evaluará la solidez de la acusación y determinará si hay suficientes elementos para avanzar hacia un juicio oral y público. Este evento marca un hito en un conflicto que se remonta a 2019, cuando se realizó la primera audiencia.
Desde entonces, las partes han intentado alcanzar un acuerdo, pero este año la querella decidió solicitar el avance hacia el juicio, lo que ha motivado la fijación de esta nueva audiencia. La defensa, por su parte, busca ampliar los argumentos en esta etapa del proceso.
Durante la audiencia, la fiscalía presentará su acusación formal, detallando las evidencias que planea usar en el juicio. La defensa tendrá la oportunidad de responder y presentar sus propias pruebas. El juez escuchará a ambas partes antes de tomar decisiones sobre el futuro del caso.
Esta audiencia es fundamental, ya que el juez puede decidir si el caso avanza a juicio, ordenar correcciones en la acusación, admitir o rechazar pruebas, o incluso sobreseer a los imputados si considera que no hay suficientes elementos para continuar. La querella, representada por el abogado de Ginóbili, ha solicitado que se fije una fecha para el juicio contra siete miembros de la comunidad mapuche Paichil Antriao, acusados de ocupar ilegalmente un lote en el cerro Belvedere, que Ginóbili adquirió en 2004. Este prolongado conflicto ha entrado en una nueva fase judicial.
Sin acuerdo
El conflicto territorial comenzó en 2019, cuando el fiscal general de Neuquén, José Gerez, intentó mediar entre las partes. Las negociaciones, sin embargo, no lograron un acuerdo, lo que llevó a que el juicio penal, programado para febrero de 2020, se postergara indefinidamente.
Desde junio de 2018, miembros de la comunidad mapuche han ocupado la casa del cuidador en el lote de Ginóbili como parte de un «resguardo territorial» para evitar el desmonte de un proyecto inmobiliario cercano. La defensa del exbasquetbolista argumenta que es necesario levantar la suspensión del juicio, citando la falta de un acuerdo en el proceso de mediación.
En junio de 2019, el juez decidió elevar la causa a juicio, aunque esta decisión fue apelada por la defensa de la comunidad mapuche. El Tribunal de Impugnación rechazó la apelación, lo que llevó a la presentación de un «recurso de queja» ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
La comunidad Paichil Antriao ha exigido la presencia de Ginóbili en el juicio, argumentando que si sus miembros deben comparecer en el banquillo de los acusados, el exbasquetbolista también debe responder a las preguntas que se le formulen. Esto ha generado un intenso debate sobre los privilegios en el proceso judicial, dado que Ginóbili reside actualmente en Houston, Estados Unidos.
Este prolongado conflicto territorial no solo pone de relieve las tensiones entre los derechos de propiedad privada y las reivindicaciones de las comunidades originarias, sino que también podría establecer un precedente en la resolución de conflictos similares en la región.
