Una denuncia por presuntas irregularidades en el cobro de cuotas sociales y en la adjudicación del Barrio 127 Hectáreas afecta a más de 3.000 familias. A partir de una reunión de los damnificados se decidió contratar representación legal y presentar una denuncia colectiva para exigir la adjudicación de las viviendas.
El 31 de enero, las damnificados se reunieron para analizar las diferentes situaciones e intercambiar testimonios. Durante el encuentro descubrieron afiliados de gremios que también pagaron sus viviendas sin obtener ningún beneficio habitacional. La creciente cantidad de denuncias llevó a los afectados a calificar el hecho como una estafa masiva.
Mariel Salazar, una de las damnificadas, en diálogo con Radio 7 explicó: “Somos como 3000 personas, porque hay gente que paga la cuota social y el loteo de la vivienda. Pasa que cuando hicimos la reunión no fue solo gente de la Meseta, pero se sumaron otros grupos que estaban vinculados a la cooperativa como UPCN, ATEN, SEJUN que pagaron y no tienen nada. Pero te diría que el 70% ya pagó todo, incluso los de la Sirena unificada nos contaron que les pedían en 4 días $700.000 para los paredones y sino perdían todo lo que habían abonado”.
Salazar explicó que el 70% de los afectados completó el pago de sus hogares. Sin embargo, algunos integrantes de Sirena Unificada fueron presionados con montos adicionales de hasta 700.000 pesos en pocos días bajo la amenaza de perder todo lo abonado. Esta práctica generó que muchos beneficiados pidan préstamos para abonar la supuesta construcción de paredones.
Ante la falta de respuestas, los afectados decidieron avanzar con acciones legales, por eso contrataron a un estudio jurídico en derecho penal y civil que representará a los damnificados. Actualmente el objetivo es ampliar la denuncia, ya que cuenta con el detalle de 60 casos y son más de 3.000 los afectados por esta presunta estafa.
“Cuando presentamos la denuncia pidieron investigación pero no vemos otro tipo de acción, necesitamos que la justicia actúe. Ahora entregaron viviendas pero se las entregaron a personas conocidas de la Cooperativa, al hijo, cuñado, amigo, toda gente que trabaja dentro de la cooperativa. Cuando hay gente que pidió hasta préstamos para pagar los paredones, recurren a la desesperación de la gente” indicó Salazar.
Las víctimas también denunciaron la falta de servicios esenciales como agua y electricidad, ya que los terrenos adjudicados no contarían con habilitación municipal. Esto impide cualquier tipo de construcción y evidencia la gravedad del problema.
“Desde el Gobierno nadie se acercó, tenemos hasta número de expediente y si no nos contactan no les interesa ayudarnos. El grupo de abogado confirmó que esto es una estafa, están vendiendo lotes que no están. Lo que queremos es que se investigue si hay bienes, que no sigan recibiendo plata y que la plata que tengan no la repartan en cualquier lado” agregó Salazar.
Los afectados continúan convocando a quienes no han formalizado su denuncia para que se sumen a la acción colectiva. «No podemos seguir esperando, la única manera de frenar esto es con una investigación profunda y el compromiso del gobierno» concluyó la damnificada.
