El diputado provincial Luciano Sempé expresó su preocupación por el avance descontrolado de construcciones en la zona del río Limay, especialmente en el margen rionegrino. El legislador denunció que varios desarrollos inmobiliarios se han realizado en áreas que deberían permanecer accesibles al público, en particular en la costa y en cercanías del cerro La Coronita, una zona natural de gran valor.

Sempé, que ha venido cuestionando la falta de políticas claras de turismo y urbanización en la región, destacó que la situación se ha agravado por la falta de control de las autoridades, tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro. En su intervención, explicó que algunos emprendimientos han sido habilitados sin la debida consulta con los habitantes locales ni con los actores clave de las comunidades vecinas, lo que ha provocado tensiones.

«El gran problema es que estos emprendimientos no solo afectan el libre acceso a nuestros ríos, sino que van en contra de la ley. Las costas deben ser de acceso libre para todos los argentinos, no podemos permitir que se cercenen estos espacios públicos», dijo Sempé, haciendo referencia a la ley 1974 del Código Civil y Comercial, que garantiza el uso común de las costas.

En su intervención, el diputado también habló de los casos específicos en el área del Chocón y la falta de infraestructura básica en varias zonas. Sempé recordó que el municipio de Villa El Chocón ha sido acusado de otorgar permisos de construcción sin cumplir con los procedimientos legales y sin consultar adecuadamente a las autoridades provinciales.

«La ley es clara: no podemos permitir que los privados cercen nuestra costa y nos impidan disfrutar de nuestros paisajes. Esto tiene que cambiar, y vamos a seguir luchando por la libre circulación en estos territorios», afirmó Sempé, quien también subrayó que la falta de políticas coordinadas entre Neuquén y Río Negro está generando una “metrópoli desorganizada” en la zona.

La situación se complica por los permisos de construcción que se otorgaron sin el debido control, lo que permite que las viviendas privadas sean construidas en espacios que históricamente han sido públicos. Sempé presentó un pedido de informe para que se aclare quién otorgó estos permisos y bajo qué normativas se están llevando a cabo estos desarrollos.

«Nosotros queremos empresarios que inviertan en la región, pero no a costa de apropiarse de la costa. Exigimos que el acceso a nuestros lagos y ríos sea libre y sin restricciones», subrayó el legislador, que también instó a las autoridades a aplicar sanciones más estrictas para quienes violen las normativas sobre el uso de las costas.

El pedido de informe, presentado por el bloque de Sempé y respaldado por otros legisladores, exige una respuesta por parte de las autoridades provinciales en un plazo de 30 días. En caso de que no haya una respuesta, se contemplan acciones legales.

El conflicto resalta la necesidad de un enfoque más equilibrado y transparente en la planificación urbana y turística en la región, para garantizar que el desarrollo no perjudique los derechos de los ciudadanos y el acceso a los recursos naturales. «Es crucial que las autoridades se pongan de acuerdo para proteger estos espacios antes de que sea demasiado tarde», concluyó Sempé.