Un conflicto judicial culminó con el allanamiento y desalojo de un inmueble ubicado en Almirante Brown n°611 de la capital neuquina. El procedimiento se realizó este miércoles entre las 7:30 y las 8:30 am con el acompañamiento de funcionarios judiciales y personal policial, en el que no se registraron accidentes ni detenidos.

El conflicto surge de la Obra Social de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros Argentinos que denunció a María Emilia Villar y al Sindicato de trabajadores Pasteleros, confiteros, pizzeros, heladeros y alfajoreros de la Patagonia Argentina para que desaloje el inmueble ubicado en la intersección de Brown y Sargento Cabral.

Según la sentencia del juez subrogante García Fleiss, María Emilia Villa es la titular del inmueble en disputa y suscribió un contrato de comodato por un plazo de cinco años junto al Sindicato demandado. Pese a haber remitido cartas documento para solicitar la restitución del espacio, los demandados nunca retiraron las cartas ni emitieron respuesta.

En su defensa, el Sindicato de Trabajadores Pasteleros de la Patagonia y María Emilia Villar alegaron la existencia de un segundo comodato, firmado en 2016, que no fijaba plazo de vencimiento. Además, La Mutual aseguró que el inmueble en la actualidad era utilizado como lugar de residencia de la familia de Villar, mientras Emilia residía en Buenos Aires para la apertura de otra sede sindical.

“En el segundo comodato surge que el comodante sería Jorge Alberto Juárez, y no la obra social, quien además era el tesorero y no su presidente. Lo antes dicho evidencia la informalidad del vínculo que unió a las partes. Además el comodato o préstamo de uso gratuito es un vínculo que exige un elevado grado de confianza entre los contratantes o un singular espíritu de generosidad por parte del comodante” indicó la sentencia de la juez subrogante Elizabeth García Fleiss.

El Comisario Alejandro Cares en diálogo con Noticias 7 explicó: “Realizamos un procedimiento en Sargento Cabral y Brown, en el que se puso a disposición de sus titulares resultando el abogado y el presidente de la Mutual del Sindicato de Pasteleros. No había morador alguno y se encontraba totalmente desocupado, no había elementos que reflejen que el inmueble estaba siendo habitado”.

La Justicia consideró acreditado el vínculo precario e informal que unía a las partes y resolvió hacer lugar al reclamo de la obra social. Finalmente se condenó al sindicato y a María Emilia Villar a restituir el inmueble en un plazo de veinte días, bajo el apercibimiento de desahucio forzoso.